En 2023, las tarifas de gas volverán a aumentar, pese a tratarse de un año electoral. La negociación entre el Ministerio de Economía y las empresas se centra en qué magnitud subirán y con qué frecuencia. Después de autorizar incrementos tarifarios muy por debajo de la inflación en los últimos tres años, ahora el Gobierno enfrenta la necesidad de reducir los subsidios energéticos para contener el gasto. Al mismo tiempo, debe subir los ingresos de las empresas para que ellas no se financien con el Estado porque no llegan a cubrir sus costos.
Durante la audiencia pública transcurrida hoy por internet para tratar el incremento tarifario del servicio de gas, las empresas distribuidoras y transportistas -entre las que se encuentran Metrogas, Naturgy, Camuzzi, TGN y TGS- pidieron actualizaciones de sus ingresos de entre 135 y 283%.
El precio final de las tarifas de gas está compuesto por cuatro ítems: el valor del gas, el transporte a los centros de consumo, la distribución entre los hogares y los impuestos. Si se aprueban los aumentos que pidieron las empresas para los segmentos de transporte y distribución, las tarifas finales deberían aumentar por lo menos un 60%.
Además, el Gobierno quiere avanzar en una suba mayor para reducir los subsidios y aumentar el valor del gas que pagan los usuarios en las tarifas (actualmente es el 40% del costo real).
Para justificar sus pedidos, cada empresa mostró gráficos que muestran que, en los últimos tres años, mientras la variación de los salarios y los precios generales fue entre 296% y 315%, el Gobierno les autorizó incrementos de tarifas entre 60% y 76%. Además, apuntaron a los costos financieros millonarios que les genera el pago demorado del Estado (en casi un año en algunos casos) por los subsidios de la tarifa social.
“De los últimos 30 años desde que se otorgaron las licencias, el marco regulatorio estuvo vigente solo en 12, mientras que en los otros 18 años estuvo suspendido por leyes de emergencia”, dijo Rubén De Muria, responsable de la empresa transportista TGS, en su exposición, donde pidió una adecuación transitoria de 135%, desde febrero.
La mayor parte de la suspensión del marco regulatorio sucedió entre 2002 y 2016, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que decidieron mantener las tarifas congeladas hasta 2013, y luego otorgaron subas discrecionales, sin un parámetro de ajuste.
