La Mara Salvatrucha, la estructura criminal más grande y peligrosa del país, pierde terreno bajo la embestida del presidente y en medio de las incesantes denuncias de violaciones de derechos humanos
“Ahora usted puede caminar por aquí y no va a ver a ningún pandillero, pero no le recomiendo hacerlo porque se lo puede llevar la policía, y peor a usted que anda tatuado”, dice con voz queda Eva, una mujer de 27 años, habitante de La Montreal, una populosa colonia en el área metropolitana de San Salvador. Desde que el Gobierno de Nayib Bukele instauró el régimen de excepción en El Salvador, hace ocho meses, los habitantes de La Montreal, un histórico bastión de la Mara Salvatrucha-13 (MS-13), les tienen menos miedo a los pandilleros. Ahora, en cambio, le temen a la policía y al ejército, que han sitiado esa y una multitud de comunidades en todo el país.
“Aquí los policías y los soldados tienen poder absoluto. Se pueden llevar a cualquiera solo porque les cae mal. Se han vuelto como otra pandilla”, insiste Eva, sentada en un viejo sillón en la pequeña sala de su casa, mientras observa de reojo hacia la puerta, vigilando que nadie más escuche la conversación. A Eva, que pide no revelar su nombre completo por seguridad, la acompañan su esposo, su madre, sus dos hijos pequeños y dos vecinas más que se han reunido para contar cómo se vive ahora en este lugar.
Hasta hace unos años, entrar a La Montreal siendo un desconocido era una temeridad. Para dimensionarlo mejor: en 2010, una vendetta entre la MS-13 y el Barrio 18, que controlaba la colonia de al lado, terminó en el asesinato de 17 personas que murieron quemadas dentro de un microbús de transporte colectivo cuando regresaban de trabajar.
Ahora, en las calles de esta colonia no se ven pandilleros con atuendos holgados, tatuajes en el rostro y armas al cinto. Apenas se ve caminando a algunas mujeres, unas comprando en una pequeña tienda y otras que regresan de traer a sus hijos de la escuela. Dos patrullas con policías y soldados con el rostro cubierto se pasean escaneando con la mirada a los transeúntes y detienen a cualquier hombre joven que pasa.
“Hace unos meses se llevaron a mi yerno Jorge Erazo. Él tiene 24 años y es un joven trabajador y estudiante de tercer año de licenciatura en Administración de Empresas. Su papá se llamaba igual que él y era el conductor de la buseta que quemaron los pandilleros en 2010″, dice Ana, otra de las vecinas reunidas en la sala.
Lo que sucede en La Montreal no es único en El Salvador. Luego de ocho meses bajo el régimen de excepción, la Mara Salvatrucha-13, la estructura criminal más grande del país, languidece ante las medidas del presidente Bukele, cuestionadas por su autoritarismo. Con más de 58.000 personas detenidas, miles de denuncias por arrestos ilegales, casos de torturas, desplazamiento forzado causado por la policía y el ejército y asesinatos dentro de las prisiones, el Gobierno del país centroamericano se acerca al objetivo de vencer a las pandillas a costa de la suspensión de libertades y derechos constitucionales y violaciones de los derechos humanos. Según un informe de Amnistía Internacional publicado a principios de junio, el estado de sitio decretado por Bukele ha desembocado en “violaciones masivas de derechos humanos” y detenciones arbitrarias. Y el próximo miércoles Human Rights Watch (HRW) y la organización salvadoreña Cristosal tienen previsto presentar un informe conjunto que documenta graves abusos, “incluyendo desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos que quemaron los pandilleros en 2010″.
