La institución, castigada socialmente por su uso desproporcionado de la fuerza en el estallido de 2019, recupera confianza ciudadana cuando la percepción de inseguridad alcanza su mayor nivel en dos décadas
El respaldo a los Carabineros, la policía chilena, se pulverizó durante las revueltas de 2019. La confianza en la institución se había mermado dos años antes, cuando la Fiscalía descubrió una trama de corrupción al interior del cuerpo, acabando con el liderazgo en los ránking de evaluación ciudadana de las unidades policiales en América Latina. El castigo social por las violaciones a los derechos humanos durante el estallido, sumado a la pandemia, derrumbaron las postulaciones al establecimiento. “Nosotros esperamos revertir eso, pero no podemos tapar el sol con un dedo y estos dos hechos ocurrieron en Chile”, asegura el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Sin embargo, la opinión pública ha cambiado en los últimos meses. En un contexto en que la sensación de inseguridad alcanza su mayor nivel en dos décadas, el apoyo a Carabineros ha vuelto a gozar de buena salud (73%, Cadem).
Tras el estallido, los jóvenes perdieron el interés en sumarse a la institución. En los cinco años anteriores, postulaba un promedio de 16.000 personas. En los dos años más duros de la pandemia llegaron a ser menos de 3000, pero en 2022 escalaron hasta los 5000, según el Departamento de Comunicaciones de Carabineros. La caída también responde a que durante la pandemia se restringió el número de aceptados en las escuelas debido al distanciamiento social que exigían los protocolos. “Disminuyó la oferta del Estado para formar carabineros”, apunta Monsalve en el palacio de La Moneda.
En Chile, con una población de 19 millones, hay 49.116 carabineros (257 cada 100.000 habitantes), 2000 menos que en 2020, según cifras de la Dirección General de Policía entregadas a este periódico a través de la Subsecretaría de Interior. Al depurar la dotación total –fijada por ley–, son cerca de 30.000 los que trabajan en cuarteles y tienen relación con la ciudadanía en orden público, labores preventivas, denuncias, entre otras labores, aclara Monsalve. Y de esos, unos miles están con permiso, licencia médica, de vacaciones… “Hay cerca de 25.000 diariamente operativos, que cumplen un sistema de turnos”, concluye la autoridad del gabinete de Gabriel Boric mejor evaluada. La segunda es la ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, según la encuesta Cadem de noviembre.
El estallido social sorprendió a Carabineros “sin las condiciones mínimas” para enfrentar un desafío de orden público, asegura el abogado chileno José Miguel Vivanco, histórico director de la división para América de Human Rights Watch (HRW) hasta febrero de este año. Los estudios que elaboraron en el organismo constataron que las fuerzas policiales se vieron obligadas a aumentar de 1000 a 8000 de la noche a la mañana en la Región Metropolitana. “Tuvieron que improvisar con carabineros que no estaban capacitados, que ni siquiera tenían el uniforme y la protección para actuar como fuerzas especiales”, añade por teléfono desde Washington.
Un ejemplo de la improvisación que registró HRW fue el entrenamiento para utilizar escopetas con perdigones: duraba solo dos semanas y la instrucción era disparar a 40 metros de distancia, pero el arma no tenía punto de mira. La policía suspendió el uso de perdigones tras dejar cerca de un millar de lesionados, entre ellos 222 personas con problemas oculares, según datos publicados en noviembre de 2019 por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). En el tercer aniversario de las protestas, el instituto informó que de los 2987 Carabineros denunciados, solo 179 han sido formalizados y solo ha habido 14 condenas por causas de violaciones a los derechos humanos. Amnistía Internacional, por su parte, alegó que ningún alto mando responsable de la acción policial en las protestas ha sido imputado.
Monsalve sostiene que para que Chile tenga instituciones policiales que la gente respete y confíe “se tiene que llevar adelante un proceso de reforma y eso Carabineros lo entiende”. El gobierno de Gabriel Boric, muy duro con el actuar policial antes de llegar a La Moneda –el presidente, en calidad de diputado, planteó refundar Carabineros– está elaborando una reforma a las policías. El subsecretario explica que se divide en dos “productos”: unos que requieren proyectos de ley, enfocados en educación, formación y carrera, y de los que debiera haber avances legislativos en junio del próximo año. Y otros que se centrarán en el enfoque de género, de derechos humanos y en el principio de probidad, y de los que debería haber noticias en marzo próximo.
