No es una novedad que Xi Jinping busca tener el control absoluto sobre su territorio. Sin embargo, ya no le alcanza sólo con ello; ahora, va por más, fronteras afuera.
A raíz de la fuerte represión de Beijing y la censura con la que oprime a los ciudadanos, muchos chinos han decidido -o se han visto obligados- a exiliarse. También, muchos decidieron abandonar su tierra tras ser perseguidos por el régimen, en muchos casos, bajo falsas acusaciones.
Uno de los argumentos preferidos de Beijing para avabzar en su cacería de disidentes es acusarlos de diversos crímenes en el ámbito de las telecomunicaciones, fraudes contra la población china que se realizarían incluso desde el extranjero. El objetivo de sus campañas es erradicar este problema -al cual consideran una epidemia- y recuperar el dinero fruto de dichos delitos.
Para intensificar su política, el pasado 2 de septiembre, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional -el máximo órgano del Legislativo chino- aprobó la Ley contra el Fraude en Internet y las Telecomunicaciones, que entrará en vigencia el próximo 1° de diciembre.
Esta ley será aplicable tanto dentro del país como en el exterior y, si bien a simple vista parece apuntar únicamente contra los delincuentes que incumplen con las normas, en realidad, debe ser evaluada en línea con el accionar del régimen. En definitiva, es un segundo capítulo o un refuerzo de la llamada “Caza de zorros”, el nombre de la campaña impulsada por Xi Jinping para devolver a disidentes en todo el mundo al país, con la excusa de que enfrenten un proceso judicial por sus delitos. Las autoridades locales festejan esta iniciativa y sus resultados, tal como afirmó el 14 de abril el viceministro de Seguridad Pública, Du Hangwei, quien aseguró que “hemos convencido a 210.000 personas para que vuelvan en el último año”.
Sin embargo, la ONG española SafeGuard Defenders denunció en un informe que la campaña tiene por objetivo real perseguir a opositores chinos exiliados. Para ello, emplean una serie de métodos que derivan en estos retornos involuntarios, y van desde hostigamiento hacia la familia del apuntado -junto con detenciones y encarcelamientos- hasta intimidaciones al sujeto en cuestión.
A fin de poder llevar a cabo su acoso, el régimen ha desplegado lo que se conocen como comisarías clandestinas en más de 38 países de los cinco continentes, sin el consentimiento ni tampoco el previo conocimiento de las autoridades locales. “China es un país de espías”, declaró tiempo atrás Nigel Inkster, exdirector de Operaciones de Inteligencia del Servicio Secreto del Reino Unido.
En su fachada, estas locaciones parecen simples edificios donde, según funcionarios chinos, se brinda asistencia a sus ciudadanos en el exterior en gestiones como la renovación de la licencia de conducir. Incluso, explicaron que su trabajo se vio intensificado durante el período de confinamiento por el coronavirus, cuando muchas personas no podían regresar a sus hogares por las prohibiciones de viaje o el alto precio de los pasajes.
No obstante, estas sedes son, en la práctica, el centro de operaciones de los oficiales autores de dichos retornos involuntarios. Perseguidos chinos han denunciado llamadas de hostigamiento provenientes de estas direcciones y visitas en persona de los enviados.
Por otro lado, en el marco de su iniciativa, China estableció también nueve países a los cuales identifica como relacionados al fraude y donde los ciudadanos chinos no pueden permanecer “sin una razón” que lo justifique y tampoco viajar libremente. Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, Myanmar, Tailandia, Malasia, Laos, Camboya, Filipinas e Indonesia son las naciones señaladas y víctimas, también, de estas presiones por parte de Beijing.
