La decisión del Gobierno de entregarles de manera discrecional el 30% de la obra pública de hasta $300 millones a los movimientos sociales oficialistas, cuyos lídres además armarán el padrón de beneficiarios por sus cargos en el Poder Ejecutivo Nacional, provocó rechazos y suspicacias en la oposición, en un sector de la CGT y dentro de las propias organizaciones populares ligadas al kirchnerismo -que observan con desconfianza a Emilio Pérsico, secretario de la Economía Social y líder del Movimiento Evita. También elevaron la voz empresarios del sector y piqueteros de izquierda.
La discrecionalidad de la medida está enmarcada en el hecho que, por ejemplo, en el ministerio de Desarrollo Social no está confeccionada la lista de cooperativas de la economía popular con capacidad e idoneidad para realizar tareas de construcción de viviendas, tendidos de agua, red cloacal, y otro tipo de actividades que comprenden las obras públicas de hasta el monto impuesto por el artículo cuarto del decreto 728. Por lo tanto, las partidas serán asignadas sin un criterio prestablecido.
“Es un disparate”
En diálogo con Infobae, el diputado José Luis Espert, de Avanza Libertad, fue contundente: “La primera amorfidad es que no puede ser que el mismo tipo que esta cortando las calles, motivo por el cual tendría que estar preso porque viola el artículo 14 de la Constitución Nacional y también el Código Penal, al mismo tiempo esté formado parte del Poder Ejecutivo Nacional, como Emilio Pérsico que es el secretario de la Economía Social, eso es un disparate”.
“Además hay un segundo disparate, el Presupuesto 2013 le otorga a Pérsico, desde el ministerio de Desarrollo Social, el manejo de un presupuesto de 600 mil millones de pesos”, agregó.
“Dentro de ese segundo disparate hay uno adicional: que manejen plata las cooperativas que supuestamente supervisa, y las que dependen de su Movimiento, el Evita. A las cooperativas habría que sacarles toda la plata y que los fondos vayan directamente al beneficiario del plan. Todo esto son negocios que en el medio se quedan los que son amigos del poder. Los dirigentes sociales como Pérsico, y otros, son punteros para hacer política. Ahora que estoy adentr,o lo veo a eso, es toda gente que cobra plata para hacer política. Esto no puede ser que ocurra”, finalizó.
El diputado por el PRO Luciano Laspina fue uno de los primeros integrantes de la oposición en cuestionar la medida al considerar que el decreto 728 “es una carta de rendición” ante la extorsión de las “organizaciones sociales” del Frente de Todos. Algunas cooperativas “tienen dueño” o “son una nueva estructura de punteros. Un delirio”, adjetivó.
A través de su cuenta de Twitter, el legislador aseguró que la medida implicará “una opacidad nunca vista. Obras públicas hechas por cooperativas ignotas. La locura es total” y agregó: “No está claro el método de contratación. Además, permite un margen de preferencia (indeterminado) para estas cooperativas en licitaciones”.
Los cuestionamientos y dudas sobre la transparencia del giro de dinero de Estado, es decir producto del aporte de todos los argentinos a través del pago de impuestos hacia las cooperativas de la economía popular, no proviene solo del espectro político. Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán y secretaria adjunta de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), le dijo a este medio: “No conocemos el listado de cooperativas que puede acceder a la obra pública. Queremos conocer la letra chica, porque todo lo que vemos es un escenario de ajuste y de estigmatización a la economía popular”.
