Desde la Uagrm advierten que hay en 220 municipios que pueden quedar como “pueblos fantasmas”
El Gobierno rechazó ayer la resolución del Comité Interinstitucional que exige un nuevo decreto para la realización del censo en octubre de 2023 y, al mismo tiempo, optó por respaldar la presión que ejercen sus aliados contra el paro indefinido que hoy cumple 10 días sin diálogo a la vista.
Además, este mismo lunes, sumarán siete días de un cerco a Santa Cruz con bloqueos en todos los accesos al área metropolitana. Decenas de afiliados a las organizaciones afines al MAS y al Gobierno protagonizan esa medida de presión, que incluye bloqueos a las empresas que producen alimentos; mataderos y frigoríficos. La refinería de Palmasola también está sitiada por los manifestantes del oficialismo.
El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, anunció ayer que cuatro columnas de marchistas llegarán hoy a la ciudad para exigir que se levante el paro. “Los hermanos transportistas y gremialistas solicitaron resguardo, porque están cansados del señor Luis Fernando Camacho y Rómulo Calvo (el Gobernador y el presidente del Comité Cívico)”, dijo.
Adelantó que una columna saldrá, precisamente, desde la refinería de Palmasola; la segunda del Plan Tres Mil, la tercera de El Bateón de la Pampa de la Isla y la cuarta llegará desde Satélite Norte. Anunció que la marcha “pedirá paz y tranquilidad” para que se levante el paro y los bloqueos de los vecinos que reclaman el censo.
“Pedimos nuevamente al señor Gobernador que pueda levantar las barricadas, que pueda dejar pasar libremente a la ciudadanía. El pueblo se va a manifestar diciendo basta de los abusos del señor Camacho y el señor Calvo”, declaró el ministro a la prensa.
Tras esas declaraciones llegaron a Santa Cruz 11 autobuses con 66 policías cada uno. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, aseguró que “estarán para resguardar al pueblo” y señaló que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, fue quien les recibió.
Los buses pasaron el cerco instalado por seguidores del MAS en el kilómetro 19 de la doble vía a La Guardia. Levantaron el bloqueo y luego lo reinstalaron con la consigna: “¡No pasa ni un alimento; ¡si el pobre para, los ricos también!”
Los policías fueron distribuidos en la zona del Plan tres Mil, en Los Lotes, en la zona norte y otras unidades como la Escuela Básica Policial y en el Comando.
“Resaltamos el gran trabajo que realizan preservando la paz social y evitando los enfrentamientos entre ciudadanos. Compartimos un almuerzo con todos los efectivos del orden”, escribió Del Castillo en sus redes sociales respecto al inicio de la operación policial, llamada “paz y tranquilidad”.
Camacho cuestionó el papel de la policía y aseguró que “el paro es pacífico y ciudadano porque reclama algo que es justo”. “Le pedimos a la ministra Prada que dé una solución y no menosprecie el movimiento que pide censo”, dijo.
El diputado José Carlos Gutiérrez de la alianza opositora Creemos llegó al Comando donde entregó una carta con la que solicitó que se tomen previsiones para resguardar no solo la integridad de los marchistas del oficialismo, sino también de los vecinos que están llevando adelante el paro.
“Desde este momento el comandante de la Policía es responsable de las posibles muertes de bolivianos y cruceños que se generen a partir de los enfrentamientos. Bolivia ya no quiere que corra más sangre”, afirmó y lamentó que “en varias ocasiones los policías protegen a los agresores del MAS, como sucedió el viernes en el Plan Tres Mil”. Ese día, un cabildo de los cívicos fue atacado con petardos por grupos organizados.
Desde la Federación de Campesinos de los Valles Cruceños anunciaron que en Tiquipaya, una población ubicada a 50 kilómetros de Santa Cruz, se iban a concentrar decenas de sus afiliados “para avanzar” en la marcha que pedirá que se levante el paro y, al mismo tiempo, la “renuncia de Camacho”. Así lo señaló el dirigente Santiago Mejía Orellana.
Desde el canal estatal, Bolivia Tv, también se transmitieron pedidos de organizaciones campesinas para que renuncie el Gobernador como condición para levantar el cerco a Santa Cruz.
El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, en ese mismo medio de comunicación, dijo que el viernes se llegó a un acuerdo con alcaldes y gobernadores del país, en el marco de la cumbre por el censo, “para rechazar intentos de desestabilización a las a autoridades electas”. Según dijo, hay varios alcaldes cruceños que fueron amenazados por los cívicos.
Otras marchas de campesinos y de afiliados a la Federación de Comunidades Interculturales salieron de otras zonas del departamento, pero se enfrentaron con pobladores que mantienen bloqueos para exigir el censo en 2023. Hubo un herido en Pailón y se registraron enfrentamientos entre San Carlos y Buena Vista, ayer, cuando caía la tarde.
Respecto al núcleo del conflicto, Cusicanqui defendió “la solvencia” del cronograma del Instituto Nacional de Estadística (INE) que establece que el censo realice en 2024. Desde que estalló el conflicto, por efecto de la postergación de la encuesta, el Gobierno derivó la discusión de la fecha a “mesas técnicas” y adelantó la entrega de resultados en un plazo de 180 días. La propuesta es que desde octubre de 2024 se entreguen los recursos de la coparticipación tributaria, según la nueva realidad demográfica.
Pero, el presiente Luis Arce ahora quiere incorporar otros criterios para distribuir recursos a los municipios. “Ha quedado claro que no es suficiente redistribuir bajo el parámetro de la población. Eso no es suficiente y es necesario incluir otros indicadores vinculados a la pobreza, la desigualdad y eso se ira trabajando paulatinamente”, dijo. “Hay el compromiso del presidente Arce para ir trabajando en los nuevos parámetros de redistribución”, insistió ayer.
El rector de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, dijo que le llamó la atención que el viernes varios municipios del país no apuesten al censo para conseguir recursos necesarios y mejorar la planificación de su desarrollo.
“En el país hay 256 de los 340 municipios que tienen menos de 20.000 habitantes. Se van a convertir, dentro de poco, en pueblos fantasmas. ¿Cómo puede ser que los alcaldes de esas poblaciones no se den cuenta que deben tener datos para la planificación?”, señaló la autoridad académica.
