La conclusión arrasa con el centro de gravedad del kirchnerismo, que lidera Cristina Kirchner. Según Unicef, el proyecto de presupuesto 2023 contempla un ajuste -en la mayoría de los escenarios- en las políticas públicas destinadas a la niñez. Esta situación se dará además en un contexto crítico en el que más de la mitad de los chicos son pobres.
Según un documento que se presentó esta tarde en la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, la iniciativa que envió el Gobierno implica “riesgos de desfinanciamiento significativos para algunas políticas fundamentales para la niñez, como la prestación alimentaria”.
El informe de Unicef fue presentado por Sebastián Waisgrais, economista y especialista en inclusión social de Unicef. Participó, además, Juan Camisassa, analista de Protección Social de Cippec, entre otros.
Según el último dato del Indec, con base en los relevamientos que realiza la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el 50,9% de chicos de hasta 14 años es pobre por ingresos en la Argentina.
El documento elaborado por Javier Curcio y Julia Frenkel, ambos de Unicef, estipuló que, a nivel agregado, el presupuesto transversal para la niñez previsto para 2023 representa una reducción interanual de alrededor de 0,2 puntos porcentuales del PBI, equivalentes a una caída del orden del 10% en términos del nivel de actividad respecto del cierre previsto para el año en curso.
“En valores constantes, esa caída esperada representa una contracción de alrededor de 15% interanual si se contempla el escenario de inflación más pesimista para 2023, aproximadamente 8% de caída con la hipótesis intermedia y un sostenimiento del poder adquisitivo (+1% interanual) de las respuestas del gobierno nacional para la niñez si se materializan las proyecciones más optimistas, que suponen una caída abrupta de los niveles de inflación durante la segunda mitad del próximo año”, estimaron.
Los escenarios de precios proyectados para 2023 fueron tres: uno con el índice de precios implícitos con proyección del PBI, que da 76,5%; un segundo con promedio real de IPC más REM, de 91,3%, y el 60% real punta a punta.
Con ese ajuste, afirmaron en la agencia de la ONU, existen amplias posibilidades de incumplir lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley de Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes (Ley Nº 26.061), que establece la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia y prohíbe las reducciones presupuestarias en relación con la previsión o ejecución de los ejercicios anteriores.
