“Este Gobierno aumentó los subsidios a la pobreza y no resolvió el problema”, le dice un alto funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de buena sintonía con la gestión de Alberto Fernández que entiende que se debe dar un giro en la política de combate de este flagelo.
Desde hace tiempo que en las organizaciones sociales oficialistas como el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa comenzaron a surgir diferencias con la administración de Fernández. Aunque dicen que hay buena sintonía con el Gobierno, marcan que no “piensan igual” en todos los temas y que es necesario comenzar a dar una respuesta concreta a la pobreza.
Para avanzar en posibles soluciones, días atrás Emilio Pérsico, secretario de la Economía Popular, y Fernando “Chino” Navarro -Movimiento Evita- se reunieron con Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa, a los que les trasladaron la necesidad de implementar cuanto antes tres iniciativas clave para la economía popular.
Estas iniciativas consisten en legalizar a través de un monotributo productivo a unos 9 millones de trabajadores informales; incorporar a las cooperativas a los proyectos de obra pública nacional para motorizar el empleo, y trabajar en una resolución para que el dinero que se destinaba a todos aquellos beneficiarios del Potenciar Trabajo que fueron dados de baja durante las auditorías se redireccionen a recursos productivos de proyectos activos. Esta última medida promete generar polémica con el Polo Obrero que entiende que los planes que se den de baja deben ser reemplazados inmediatamente por nuevos beneficiarios.
La primera de las iniciativas consiste en legalizar al 50% de la economía popular, aquellos sectores que hoy están sumergidos en la informalidad. Este proceso de blanqueo se realizaría a través de lo que se denomina un monotributo productivo, que abarcaría a entre 8 y 9 millones de personas. El proceso de formalización sería gratuita al menos por los primeros dos años.
“La Argentina no tiene problemas de trabajo, sino de empleo formal”, repite un funcionario de esa cartera. Al incorporar al circuito de empleo formal a estas 9 millones de personas, el Estado estará en capacidad de otorgar créditos productivos y canalizar la ayuda a través de mecanismos productivos, dicen quienes le llevaron la propuesta al Presidente y el ministro de Economía. “La iniciativa tiene que estar acompañada por la creación de un fondo para otorgar estas ayudas”.
En el interior de la cartera de Desarrollo Social sostienen que el Ejecutivo destina más de 10 puntos del PBI a los subsidios de los sectores más vulnerables y que esa lógica debe comenzar a girar hacia un sistema productivo.
Por eso, el segundo planteo consiste en incorporar a la obra pública nacional de baja magnitud (proyectos menores a los 300 millones de pesos) a integrantes de las cooperativas con el objetivo de comenzar a movilizar el empleo entre esos sectores. No solo se daría trabajo en los proyectos que realice el Ministerio de Obras Públicas, sino las iniciativas que encaren todas las carteras.
