El Senado catamarqueño dio sanción definitiva a la ley con la que el Poder Legislativo de la vecina provincia aprobó el acuerdo que los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl Jalil suscribieron en mayo de 2021 para evitar que el antiguo diferendo limítrofe planteado en la zona del Salar del Hombre Muerto obstaculice inversiones mineras en el borde limítrofe de los departamentos Los Andes y Antofagasta de la Sierra.
En el citado entendimiento, los gobiernos de Salta y Catamarca pactaron un esquema de promoción por el que ambas provincias dividirán en partes iguales los tributos, regalías y demás gravámenes dispuestos sobre los minerales extraídos en el área del litigio.
El acuerdo, que requiere de una ley análoga de la Legislatura salteña para entrar en vigencia, busca establecer un marco de seguridad jurídica y previsibilidad fiscal en el área, mientras se espera que el Congreso de la Nación dé una solución definitiva al diferendo limítrofe de la Puna. El litigio se remonta hasta 120 años atrás, cuando el Territorio Nacional de los Andes se dividió en tres grandes fracciones que terminaron anexadas, en la década de los ’40, a los actuales departamentos Los Andes (Salta), Antofagasta de la Sierra (Catamarca) y Susques (Jujuy).
La zona del conflicto tiene importantes concesiones mineras, entre las que resalta el proyecto Sal de Oro, en el que el grupo surcoreano Posco volcará 830 millones de dólares para producir 25 mil toneladas de hidróxido de litio por año en plantas que ya se construyen con una significativa ocupación de mano de obra local.
En el debate de la ley que acaba de aprobarse en Catamarca, el senador Héctor Fernández, en su calidad de miembro informante, precisó que las tributaciones de Posco se encuadrarán al entendimiento que Jalil y Sáenz alcanzaron en la Mesa del Litio que también integra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
Fernández citó como antecedente el convenio por el que Salta y Catamarca consensuaron en diciembre de 2019 la creación de una Comisión Interprovincial de Límites. Esta se conformó con cinco representantes de cada jurisdicción para elaborar proyectos y proponer a los poderes ejecutivos de ambas provincias programas y regímenes de promoción de la actividad minera en la zona del diferendo.
El pasado jueves, Fernández aclaró a sus pares en la Cámara alta catamarqueña que «la suscripción del acuerdo marco de modo alguno significa el reconocimiento ni renuncia alguna de los derechos territoriales, ni de los recursos naturales existentes».
El proyecto de Posco, cuya etapa de construcción se pudo en marcha en marzo último en un acto que Sáenz y Jalil compartieron en el Salar del Hombre Muerto con directivos del poderoso grupo siderúrgico surcoreano y funcionarios nacionales, contempla un circuito productivo propio basado en dos complejos extractivo-industriales: uno en el propio yacimiento y otro -una planta procesadora de carbonato de litio e hidróxido de litio- en General Güemes.
