La defensa del Julio de Vido pidió este martes una «sentencia absolutoria» del ex ministro de Planificación en el marco de la causa Vialidad, en la que está acusado como organizador de la «asociación ilícita» montada durante las gestiones kirchneristas para adjudicar más de 50 obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez, ex socio comercial de Néstor y Cristina Kirchner.
De Vido «no tenía injerencia en la obra pública, no puede ser acusado por ser cabeza de un ministerio», consideraron los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, quienes formularon sus alegatos en base a los cuales rechazaron los dos delitos imputados al ex ministro: la figura de organizador dentro de la asociación ilícita que, según la acusación fiscal, comandó Cristina Kirchner. En segundo término, se le atribuyó responsabilidad ante la administración infiel en perjuicio de la administración pública.
A la hora de esgrimir los argumentos en base a los cuales pidieron «una sentencia absolutoria» para el ex funcionario, sus abogados apuntaron en primer término apuntaron contra la figura de la asociación ilícita como principal delito, por la que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron 10 años de prisión para De Vido.
«La estructura pública del Estado jamás puede ser presentada como una asociación ilícita», dijo la defensa. Hizo una distinción más al respecto: «Quienes dentro de la organización administrativa toman decisiones, no ejecutan un plan delictivo, sino una idea política».
Los fiscales durante su alegato explicaron que esa figura delictiva «concursa de forma material o real de los delitos que se cometen en cumplimiento de la organización». Y repasaron que la pena se agrava para quienes «son jefes de la organización, es decir para quienes la comandan», después para los «organizadores, es decir para quienes intervienen y sientan las bases de la organización».
Tenemos por corroborado, sostuvo el fiscal Luciani, que «Néstor y Cristina Kirchner, junto a Julio De Vido, Nelson Periotti, José López entre otros, constituyeron una asociación ilícita que perduró en el tiempo para sustraer fondos. Crearon una organización criminal dedicada a la comisión de delitos». “Es una estructura con dos o tres o más personas se asociaron de manera permanente, para la sustracción de fondos, dentro del Estado y fuera del mismo con la creación de una estructura societaria”, añadió el fiscal.
La imputación que sostiene el expediente es que desde el Gobierno anterior y diversos «organismos estatales vinculados a la obra pública, se «montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz», lo que representó la contratación del Estado «en favor de Lázaro Báez» por más de 46.000 millones de pesos».
Los abogados de De Vido se opusieron a este análisis y fue Maximiliano Rusconi quien expresó que no debe «criminalizarse una ideología, un ejercicio de poder que llegó por el voto popular y un gobierno que se presentó a elecciones». En este punto esgrimió la tesis ya planteada por Cristina Kirchner, y sostuvo que su defendido «fue víctima de una persecución política, que lejos de enriquecerse con este proceso de empobreció, fue privado de su libertad y sometido a múltiples procesos penales».
