Un pliego de 11 puntos fue aprobado por los cocaleros de Los Yungas, quienes improvisaron una asamblea de emergencia en puertas del mercado ilegal de coca. Uno de los puntos del pliego es exigir la destitución del ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzáles, por haber instruido la represión de los cocaleros en pasadas semanas.
“Tenemos que actuar en este momento, porque en la mañana el socio productor nos dio una tarea, lo mismo que el comité de autodefensa, entonces, no se equivocaron cuando pedimos el cierre del mercado. (Lo) hemos logrado, pero no en un 100%, el Gobierno puede abrir para este Chai (Arnold Alanes) en otro lugar, entonces, necesitamos un compromiso firme”, dijo el ejecutivo de los cocaleros, Freddy Machicado.
Este jueves a las 13:00, aproximadamente, los cocaleros lograron la toma del mercado ilegal de coca y provocaron, por segunda vez, la huida de Arnold Alanes, quien pretende un mercado para los cocaleros yungueños afines al Gobierno. La Policía poco o nada pudo hacer ante la marea humana que los desplazó y se enfrentó al grupo de Alanes que se parapetó en su mercado y desde donde lanzaron cachorros de dinamita y bombas molotov.
Ahora los cocaleros exigen un decreto que reconozca como único mercado al edificio de Adepcoca de la zona de Villa Fátima y dejar la persecución de dirigentes y cocaleros que pelearon a lo largo de este tiempo para cerrar el mercado.
Exigen la libertad de los detenidos actualmente en distintos penales del país. También piden la erradicación de coca en las zonas rojas en Los Yungas y en los parques nacionales. También se dará a la tarea de recolectar informes y pruebas para el inicio de un proceso penal a Arnold Alanes. Además piden que el Gobierno se haga cargo de los heridos que resultaron de este conflicto.
El noveno punto exige el resarcimiento de daños a la infraestructura de Adepcoca realizado por la represión policial en días pasados. Exigen que se respete el talonario que entrega Adepcoca y el respeto del carnet de productor que otorga esta entidad.
El último punto dispone la declaratoria de emergencia del sector, además de promover el referéndum revocatorio para todos los alcaldes, diputados y senadores que traicionaron a sus filas.
