Las solicitudes de subsidios por desempleo en Estados Unidos registraron un nuevo descenso durante la semana pasada y llegaron a un mínimo en dos meses, según consignó hoy la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.
En la semana que finalizó el 27 de agosto, cerca de 232.000 personas solicitaron nuevas prestaciones por desempleo tras haber sido despedidas, lo que significó 5.000 menos que en la semana precedente.
La cifra superó las expectativas ya que los economistas de Wall Street esperaban 248.000 solicitudes, según la agencia de noticias Bloomberg.
Connecticut, Missouri y Oklahoma lideraron el listado de Estados con mayor caída de solicitudes, mientras crecieron en Nueva York y Massachusetts.
Por su parte, la información oficial indica que el promedio de pedidos en las últimas cuatro semanas -el cual permite atenuar la volatilidad propia de un índice semanal- cayó a 241.500 personas, mientras que la cantidad total de subsidios creció de 1,41 a 1,44 millones de personas en la semana que finalizó el 20 de agosto.
De esta forma y pese a la desaceleración e incertidumbre en la economía estadounidense de los últimos meses, el mercado laboral sigue mostrando números favorables.
En ese sentido, el número de pedidos semanales no es lejano al que promediaba antes de la pandemia de coronavirus en 2019 (218.000).
El economista apunta sobre todo al poder financiero que se pretenda dar a las regiones, que podrán, por ejemplo, tomar deuda. “Hay gobiernos locales que están quebrados y no tienen la capacidad técnica necesaria para revertirlo”, dice. Guillermo Larraín, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, considera, en cambio, que el debate constitucional abrió una puerta que el Gobierno de Gabriel Boric podrá aprovechar. “Si gana el rechazo, se habrá producido una convergencia en cuanto a los principios institucionales. La derecha se ha comprometido a abandonar su defensa de un Estado subsidiario y se ha mostrado por primera vez a favor de un Estado social, democrático que supone la aceptación de que tiene que haber más derechos sociales”, dice.
Los reclamos por esos derechos, vinculados a cosas tan elementales como una salud y una educación pública gratuita y de calidad, fueron la gasolina de las revueltas estudiantiles de 2011 y octubre de 2019. La furia callejera cristalizó finalmente en el proceso constituyente que ahora será sometido a prueba.
En cualquier caso, los desafíos económicos del lunes serán enormes. Sumar derechos sociales supone contar con más recursos, en momentos en que el Gobierno debe ajustar el gasto y enfriar la economía para bajar la inflación. Boric presentó en julio pasado ante el Congreso una ambiciosa reforma tributaria para elevar los ingresos hasta el 4% del PIB en cuatro años, equivalentes a unos 12.000 millones de dólares. “Pero se queda corta para financiar los derechos consagrados en la Constitución”, advierte Larraín. “Se requieren más recursos y ya no pueden salir de subidas de impuestos. La solución requerirá un enfoque tributario distinto”, dice. La arena de negociaciones será el Congreso, donde, a diferencia de la Asamblea Constituyente dominada por la izquierda, hay paridad de fuerzas. Del resultado del plebiscito dependerá hasta dónde el oficialismo y la oposición
