El año pasado fue muy bueno para la economía chilena. El PIB creció un 11,7% en 2021, impulsado por una inyección extraordinaria de dinero destinada a ayudar a las familias más golpeadas por la pandemia. Pero los chilenos ven ahora cómo la fiesta ha terminado. La inflación se ha disparado al 13%, una cifra que en la región solo superan Argentina y Venezuela, y las ventas minoristas en Santiago cayeron en julio un 18%. La diferencia entre los ingresos del Gobierno y sus gastos creció hasta el 8,5% del PIB en el primer semestre, el mayor en 20 años. Se espera que la economía entre en recesión durante los próximos seis meses. A la incertidumbre económica se le suma otra política.
Este domingo, los chilenos decidirán en un plebiscito si aprueban o rechazan una nueva Constitución que reemplazará a la heredada de la dictadura. La probabilidad de que gane el rechazo, según la mayoría de las encuestas, pondrá al Gobierno de Gabriel Boric ante la necesidad de negociar las reformas estructurales que prometió en campaña. En ese caso, la estatización del sistema de pensiones, conocido como AFP (Administradoras de fondos de pensiones), y una ambiciosa reforma tributaria deberán esperar.
El economista apunta sobre todo al poder financiero que se pretenda dar a las regiones, que podrán, por ejemplo, tomar deuda. “Hay gobiernos locales que están quebrados y no tienen la capacidad técnica necesaria para revertirlo”, dice. Guillermo Larraín, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, considera, en cambio, que el debate constitucional abrió una puerta que el Gobierno de Gabriel Boric podrá aprovechar. “Si gana el rechazo, se habrá producido una convergencia en cuanto a los principios institucionales. La derecha se ha comprometido a abandonar su defensa de un Estado subsidiario y se ha mostrado por primera vez a favor de un Estado social, democrático que supone la aceptación de que tiene que haber más derechos sociales”, dice.
Los reclamos por esos derechos, vinculados a cosas tan elementales como una salud y una educación pública gratuita y de calidad, fueron la gasolina de las revueltas estudiantiles de 2011 y octubre de 2019. La furia callejera cristalizó finalmente en el proceso constituyente que ahora será sometido a prueba.
En cualquier caso, los desafíos económicos del lunes serán enormes. Sumar derechos sociales supone contar con más recursos, en momentos en que el Gobierno debe ajustar el gasto y enfriar la economía para bajar la inflación. Boric presentó en julio pasado ante el Congreso una ambiciosa reforma tributaria para elevar los ingresos hasta el 4% del PIB en cuatro años, equivalentes a unos 12.000 millones de dólares. “Pero se queda corta para financiar los derechos consagrados en la Constitución”, advierte Larraín. “Se requieren más recursos y ya no pueden salir de subidas de impuestos. La solución requerirá un enfoque tributario distinto”, dice. La arena de negociaciones será el Congreso, donde, a diferencia de la Asamblea Constituyente dominada por la izquierda, hay paridad de fuerzas. Del resultado del plebiscito dependerá hasta dónde el oficialismo y la oposición estarán dispuestos a ceder en sus posiciones.
