Las encuestas en Chile no auguran mayorías abrumadoras para la nueva Constitución. Ninguna de las realizadas hasta el pasado 19 de agosto vaticinaban más de un 44% para la aprobación del nuevo texto, presentado al presidente Gabriel Boric el 4 de julio pasado. Y la media del “apruebo” nunca llegó tampoco a la mitad más uno de los votantes. De hecho, nunca durante 2022 estuvo tan alta como a inicios de año (47,2%). Pero desde entonces bajó, encontrando su mínimo en julio (31,7%). En ese mismo mes se recuperó hasta estabilizarse en el 37,8%. El rechazo tampoco ha llegado en su media a superar claramente el 50%, aunque lo rozó en ese mismo mes de julio. Hoy queda en un 46,7%. Ambos resultados, y la distancia de nueve puntos, a la sombra del 15,5% de indecisos que aún quedaban el 19 de agosto. Un volumen que es especialmente decisivo en una elección que será obligatoria para toda la ciudadanía. Los chilenos deben tomar parttido o asumir las consecuencias legales de no hacerlo, y les vuelve inevitablemente decisivos.
Bajo el derecho constitucional, las leyes supremas de los países pueden ser entendidas de más de una manera. Una de las más aceptadas es como un conjunto de normas mínimas para la convivencia, un marco para tramitar desacuerdos. Pero otra, igualmente presente en los procesos constituyentes, es la del máximo deseable al que aspira la sociedad que se regirá por ella: una serie de derechos y deberes. Ambas aproximaciones coinciden en que lo deseable sería que una Constitución contase con el apoyo abrumadoramente mayoritario de la población que vivirá bajo su amparo. Es bajo esta lógica, la del compromiso, que se impone la obligatoriedad del voto, pero la división que se adivina en las encuestas vuelve el mentado deseo de consenso en quimera. Y es que la raíz principal de esta división es la preferencia ideológica, o partidista.
Ningún grupo de la ciudadanía está tan sobre-representado en el “no” como los que escogieron al ultraderechista José Antonio Kast en la segunda vuelta de las pasadas elecciones presidenciales, según la última entregade la encuestadora brasileña AtlasIntel. Y lo mismo pasa con los del vencedor desde la izquierda, el actual presidente, Gabriel Boric, y el sí. Otros factores importan, siendo especialmente interesante la dinámica de edad: son los más jóvenes y los más mayores quienes optan por aprobar el texto con mayor frecuencia, mientras que los de mediana edad están más en el rechazo. Una manera de leer esto, apenas una hipótesis, es que quienes sufrieron durante más tiempo la dictadura de Augusto Pinochet y quienes nunca la vivieron forman una coalición por superar la actual Constitución; por el contrario, los que estaban en su plenitud política y ciudadana durante la transición a la democracia son quienes más abogan por mantenerla. De nuevo, la ideología atravesaría el resto de factores.
En los datos del gráfico anterior también se aprecia que los votantes en blanco o abstencionistas pero también los de Boric están sobre-representados en la indecisión respecto al referéndum. Y que, de hecho, aunque los de Kast se van en bloque por el rechazo, los de Boric no lo hacen tanto por el sí. Cuando se divide el voto por ideología declarada en lugar de recuerdo de voto, tal y como lo aproximó la encuesta Pulso Ciudadano, resulta que la inclinación de la izquierda por el “apruebo” es tan clara como la que tiene la derecha por el “rechazo”: es el centro el que está dividido. La mitad en el no, y de la mitad restante, un tercio en el sí, un 15% en la duda.
