El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán realizó una auditoría en depósitos y galpones del Ministerio de Desarrollo Social que conduce desde marzo pasado la ministra Lorena Málaga e instó a ese organismo a normalizar una serie de irregularidades detectadas, que van desde «excremento de roedores y aves junto al almacenamiento de mercadería comestible» hasta «compras de antigüedad prolongada» como muletas, sillas de ruedas, bastones, andadores manuales, caños de agua, entre otros.
El informe de la auditoría del Tribunal de Cuentas señala que «en planta alta del depósito de calle Lavalle Nº 2374 se advierten desprendimientos de cielorraso y signos de humedad», y se alerta que allí «se encuentran almacenados bienes con bajo nivel de rotación, siendo el origen de las compras de una antigüedad prolongada (Muletas, sillas de ruedas, bastones, andadores manuales, caños de agua, conectores, etc.)».
Además, se recalcó que «en la estiba de mercadería de algunos productos se detectó, al proceder a desarmar los pallets, que existían espacios vacíos ocupados con material plástico lo cual es una práctica utilizada con frecuencia para inducir al error al realizar recuento de acuerdo a base por altura de almacenamiento».
«Se constata la existencia de excremento de roedores y aves junto al almacenamiento de mercadería comestible», reza una de las observaciones más alarmantes del informe.
El Tribunal de Cuentas aclaró que «según el descargo efectuado por el Ministerio y del informe elaborado por las profesionales del Tribunal de Cuentas esta observación se encuentra en vías de ser resuelta» ante estas irregularidades detectadas.
Desde el órgano de control se instó al Ministerio de Desarrollo Social a regularizar las observaciones realidades y «extremar los cuidados de salubridad en el Depósito a la mayor brevedad posible a efectos de evitar la existencia de alimañas en el mismo ya que es utilizado para el almacenamiento de mercadería alimenticia y otras veces de uso medicinal y/o aseo personal».
También requirió que «se implemente un sistema de altas y bajas de mercadería en inventarios a través de un sistema informático que resulte más eficiente y que a su vez muestre una realidad más cercana a la verdadera existencia dentro de los depósitos, como por ejemplo el sistema de códigos de barras o cualquier otro, el cual no dependa de la convalidación u otorgamiento de un número de resolución de compra, lo cual si bien es necesario, no debería ser un condicionante para dar de alta o de baja a la mercadería sino más bien este debería ser un dato adicional. Lo anterior se efectivice en un plazo no mayor de 120 días».
Finalmente, mediante el instrumento que lleva la firma de Miguel Terraf y Sergio Díaz Ricci se solicitó «poner en conocimiento» a la ministra Málaga, y «disponer el seguimiento de lo indicado en los puntos anteriores, a través de la Contaduría Fiscal General, vía Delegación Fiscal destacada en el Organismo».
«Analizadas las actuaciones corresponde requerir al Ministerio de Desarrollo Social, a fin de que en el plazo de 15 días cumplimente con lo señalado por nuestro estamento contable», subraya el Tribunal, y advierte que «una nueva actitud omisa será interpretada como una obstrucción a las funciones de este Tribunal».
