Desde la calle, la casita café era ordinaria pero agradable. En la cerca de alambre colgaban un autobús escolar amarillo y un camión rojo de juguete. La fachada de la casa tenía una gran estrella solitaria texana. Pero en el patio trasero había una casa remolque destripada que un fiscal describiría luego como una “casa de horrores”.
Fue descubierta un día de 2014, cuando un hombre llamó de Maryland para reportar que su padrastro, Moisés Ferrera, un migrante de Honduras, estaba siendo retenido ahí y torturado por los traficantes que lo habían introducido a Estados Unidos. Sus captores querían más dinero, dijo el hijastro, y golpeaban las manos de Ferrera con un martillo con la amenaza de continuar hasta que la familia lo enviara.
Cuando a la casa llegaron agentes federales y de la oficina del alguacil, descubrieron que Ferrera no era la única víctima. Los traficantes habían mantenido ahí a cientos de migrantes a cambio de rescate, según halló su investigación. Habían mutilado extremidades y violado mujeres.
“Lo que sucedió ahí es de ciencia ficción, de una película de terror, algo que simplemente no vemos en Estados Unidos”, le dijo el fiscal, Matthew Watters, a un jurado cuando los contrabandistas fueron llevados a juicio. Los cárteles del crimen organizado, dijo, habían “traído este horror por la frontera”.
Pero aunque fue el primero de los casos como ese, no sería el último. El tráfico de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos ha evolucionado en los últimos 10 años de una red dispersa de coyotes independientes a un negocio internacional multimillonario controlado por el crimen organizado, incluidos algunos de los cárteles de la droga más violentos de México.
El mes pasado, la muerte en San Antonio de 53 migrantes que iban atiborrados en la parte trasera de un tractocamión sin aire acondicionado –el incidente de tráfico de personas más mortífero en el país hasta la fecha— sucedió en un momento en que las restricciones fronterizas de EE. UU., exacerbadas por una directiva sanitaria pandémica, han alentado a que cada vez más migrantes recurran a los contrabandistas.
El año pasado, más de 5046 personas fueron arrestadas y acusada de tráfico humano, un incremento respecto a las 2762 en 2014. En el último año, agentes federales han realizado casi a diario operativos en casas de seguridad que contienen a decenas de personas migrantes.
