Denuncian escaso control policial y aduanero en el lago Titicaca

Comunarios de Puerto Acosta, en La Paz, están preocupados porque la oficina de Migración se encuentra cerrada desde hace varios días. Además, denuncian que crecen los delitos de narcotráfico y contrabando

Por las calles de Puerto Acosta pasan los delitos silenciosamente. El municipio, ubicado en el departamento de La Paz, está a pocos metros de la frontera con Perú y el escaso control es un atractivo para las mafias transnacionales. Por esas rutas el contrabando domina la región. El narcotráfico tiene también su espacio tras arribar desde la selva peruana a puertos artesanales del lago Titicaca. La trata y tráfico de personas es recurrente, ya que el único puesto migratorio permanece cerrado durante varios días.

La Aduana Nacional cumple una labor casi solitaria en el lugar. Su oficina está en el peaje y al frente de la precaria casa donde funciona Migración. Es un trabajo titánico. En la zona hay tres ferias de contrabando. La más grande es la de Virupaya, un punto impenetrable para extraños, incluso para funcionarios de la Aduana y uniformados policiales y militares.

Virupaya es la feria más concurrida. Se encuentra en plena línea fronteriza con Perú. En esa comunidad las casas aumentaron al paso del contrabando. Son viviendas de cuatro pisos, muy diferentes a las de otras comunidades del lugar. Las otras ferias son Jankho Jankho y Patacaile. Estas ferias se realizan cada miércoles y sábado de cada semana.

Para la Policía de Perú, la feria de Virupaya no es más que una fachada cuyo fin es agrupar a personas vinculadas con los cargamentos que saldrán hacia Juliaca. La fuerza policial del vecino país asegura que estas personas suelen estar armadas. La Fiscalía de Puno ya atendió algunos casos respecto a contrabando en esta zona.

Existen mafias que se dedican a la internación de diferentes productos. Otras familias se desempeñan exclusivamente al contrabando de combustible, por lo general diésel y garrafas de gas licuado. Estos productos se venden libremente en mercados del sur peruano. Cuando existía el Control Operativo Aduanero (COA), la feria de Virupaya era una zona impenetrable, ya que las mafias se organizaban para evitar el ingreso de personas extrañas.

Puerto Acosta está aproximadamente a 215 kilómetros al norte de la ciudad de La Paz. En esa zona, toneladas de productos son transbordados desde camiones a minibuses, que después inician su recorrido hacia la ciudad peruana de Juliaca. De este distrito se manda el cargamento ilícito a otras ciudades, como Arequipa, Ilo, Moquegua e incluso Lima.

El año pasado, efectivos del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando sufrieron ataques de parte de contrabandistas de Puerto Acosta, quienes apedrearon los vehículos donde estaban los funcionarios que interrumpieron el paso de un camión con carga ilegal. Al final, estos grupos recuperaron su mercancía.

Desde esa instancia gubernamental se informó que los controles en esa zona son periódicos y que se reforzarán los operativos para evitar ataques de mafias.

Ese borde lacustre es utilizado por diferentes mafias para ejecutar todo tipo de delitos, en especial el contrabando de mercaderías ilegales, el tráfico de drogas y la trata de personas, sobre todo mujeres bolivianas para explotarlas sexualmente en distritos mineros de ese país.

La población de Puerto Acosta expresa preocupación por el escaso control que existe en este punto fronterizo. Un vecino se contactó con este medio para denunciar que durante varios días la oficina de Migración está cerrada. Este poblador también aseguró que hay poco control policial y que el puesto aduanero no tiene recursos eficientes para desarrollar su trabajo.

“Las autoridades vienen y dicen que mejorarán el control en Puerto Acosta, pero hasta ahora no pasa nada. La oficina de Migración está cerrada. Los minibuses pasan como si nada. Entran de Perú con carga, hay camiones con carga. Igual de Bolivia salen como si nada y no hay quién controle. Se supone que Puerto Acosta es municipio fronterizo y debe tener todo tipo de control”, relató el ciudadano, quien pidió no publicar su nombre.

Lo que también preocupa es la trata y tráfico de personas. Existen antecedentes de que niñas y adolescentes bolivianas son obligadas al comercio sexual en centros mineros de Perú. Puerto Acosta, según la Fiscalía de Puno, es hace tiempo un paso rojo de víctimas de tratantes.