La “fiebre del oro”, el mercurio y la violencia invaden el Parque Nacional Madidi de Bolivia

La minería aurífera vulnera los territorios de las naciones originarias en áreas protegidas del norte boliviano. El uso del mercurio que contamina los ríos amazónicos para la exploración del oro, envenena a quienes comen lo que pescan. Con el alza sostenida de los precios del metal, crece la violencia y la explotación minera en el Parque Nacional Madidi. Una ola de protesta clama por ese reservorio mundial de biodiversidad y sus habitantes tradicionales.

Con una extensión de 1,8 millones de hectáreas en el Departamento de La Paz, en el noroeste de Bolivia, y fronterizo con Perú, el Parque Nacional de Madidi es considerado por especialistas como uno de los paraísos naturales que el orbe todavía preserva, según lo atestigua la diversidad de flora y fauna descubierta en los últimos años

Las cooperativas mineras son un sector influyente en el actual gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) que preside Luis Arce Catacora. Ya antes lo habían sido en las tres presidencias de Evo Morales Ayma (2006-2019). Hoy están ocupando áreas superpuestas a los territorios de las naciones originarias que el Estado Plurinacional de Bolivia reconoce en su Constitución Política del Estado (CPE) de 2009. Desde entonces, han surgido contradicciones entre la norma constitucional que protege esas zonas y la presión extractivista de recursos naturales, que busca legitimar institucionalmente su actividad, como lo reclama a las autoridades. Existen disposiciones legales del Estado hoy vigentes que toleran los asentamientos mineros, y estos arriesgan la vida de la población de las naciones originarias asentadas en el Madidi.

 

La fiebre del oro

El fondo del problema es la ‘fiebre del oro’ que vive esa región debido a los altos precios del metal precioso, que lo convirtieron  en el principal producto de exportación del país. En 2021, las exportaciones de oro bolivianas sumaron  2.557 millones de dólares, por encima de la venta de los hidrocarburos.

Por primera vez en la historia, las exportaciones bolivianas de oro superaron a las ventas de hidrocarburos. En 2021 ascendieron a un total de 2.557 millones de dólares, impulsadas por el alto precio internacional del metal precioso.

Desde el pasado año hasta la fecha, comunarios y guardaparques denunciaron actividades mineras asentadas a orillas del río Tuichi en zonas como Charopampa, Santa Rosa, Glorioso, San José, Santa Clara, Pintata Mohima, Suyo Suyo Pavo Real, Suyo Suyo Ubito y Asariama Recina, entre otras.

Los Quispes, Montalván y Virreira son algunos apellidos que pasan de boca en boca entre los comunarios. Son los nombres que identifican a las familias que se adjudicaron concesiones o áreas para la explotación del oro en el Madidi.

La minería originó el traslado de verdaderas masas humanas a la Amazonia, mano de obra de familias y cooperativas orientadas a la la exploración y explotación del  oro. El dragado en los ríos Beni y Tuichi, sistemático pero desordenado, y el uso en estas operaciones del mercurio, metal líquido altamente tóxico y contaminante,  provoca que pueblos como el de San José de  Uchupiamonas, que viven del ecoturismo comunitario, vean destruidas sus propias opciones de vida.

“Es preocupante ver que estos grupos de mineros están tomando el control de territorios indígenas y áreas protegidas y todo se va poniendo cada vez más violento”, denunció la dirigente Ruth Alipaz, del grupo étnico Uchupiamonas

“Se supone que este territorio está titulado para los Uchupiamonas, pero cualquiera llega con un título minero y dice ‘esta parte del río y esta concesión son mías’ y se instalan ahí y la ley los protege”, protestó la lideresa de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos (Contiocap), que en marzo llevó su queja a la Corte Interamericana de DDHH (CIDH).

La explosión de la minería aurífera no sólo incide en la progresiva pobreza de las comunidades. El empleo de dragas y maquinarias pesadas por empresas chinas y colombianas amenaza la vida de las etnias locales, entre las que también están los pueblos ancestrales Tacana y Leco.

El Gobierno boliviano negó haber entregado nuevos permisos para operar en áreas protegidas y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) informó que rechazó 97 peticiones de empresas. Pero reconoció la existencia de derechos mineros anteriores a 2014.

En los hechos, y con o sin derecho, según indígenas y legisladoras que visitaron el Madidi, en el Parque Nacional las cooperativas mineras legales e ilegales siguen instalándose. No hay quien controle la actividad minera, y se suceden escenarios de cada vez más intensa confrontación.