La presentación la realizaron religiosas del Convento de San Bernardo por situaciones de amedrentamiento que, afirman, viven desde 1999
“De la lectura del expediente no surge la existencia de ningún tipo de violencia; se describen supuestos hechos sucedidos dentro del convento, pero no hay ninguna cuestión que pueda ser considerada violencia física ni verbal ni psicológica”. Quien habla es Eduardo Romani, abogado del arzobispo de Salta, monseñor Mario Cargnello, que fue denunciado junto a otros dos religiosos por violencia de género. Lo acusan las monjas del Convento de San Bernardo de la congregación de las carmelitas descalzas, situado en la capital provincial.
Romani afirmó que el arzobispo tiene una “profunda preocupación”. “No sabemos el motivo que llevó a esta denuncia –agregó–. Claramente lo sorprendió. No sabíamos de qué se trataba y nos seguimos formulando preguntas, preguntando si hay un trasfondo de la historia. Queremos que se investigue, tiene que saberse lo que pasó”.
La priora María Fátima del Espíritu Santo –máxima autoridad del grupo de 18 hermanas– es quien presentó la denuncia, representada por la abogada Claudia Zerda Lamas.
Además de la presentación en la Justicia, hay otra en el Vaticano; el monasterio depende directamente de la Santa Sede.
“De la lectura del expediente no surge la existencia de ningún tipo de violencia; se describen supuestos hechos sucedidos dentro del convento, pero no hay ninguna cuestión que pueda ser considerada violencia física ni verbal ni psicológica”. Quien habla es Eduardo Romani, abogado del arzobispo de Salta, monseñor Mario Cargnello, que fue denunciado junto a otros dos religiosos por violencia de género. Lo acusan las monjas del Convento de San Bernardo de la congregación de las carmelitas descalzas, situado en la capital provincial.
Romani afirmó que el arzobispo tiene una “profunda preocupación”. “No sabemos el motivo que llevó a esta denuncia –agregó–. Claramente lo sorprendió. No sabíamos de qué se trataba y nos seguimos formulando preguntas, preguntando si hay un trasfondo de la historia. Queremos que se investigue, tiene que saberse lo que pasó”.
La priora María Fátima del Espíritu Santo –máxima autoridad del grupo de 18 hermanas– es quien presentó la denuncia, representada por la abogada Claudia Zerda Lamas, la letrada explicó que ir a la Justicia no se decidió por un hecho puntual, sino por una “actitud sistemática de amedrentamiento” que sufren las religiosas.
Además de la presentación en la Justicia, hay otra en el Vaticano; el monasterio depende directamente de la Santa Sede.
La denuncia también alcanza al obispo emérito Martín de Elizalde (es el “visitador” del convento) y al cura colaborador de la Catedral, Lucio Ajalla. Hasta el momento, las medidas dictadas por la Justicia son preventivas e incluyen una orden de restricción perimetral contra los tres denunciados para que no se acerquen a menos de 300 metros del convento, donde viven las monjas y hay ahora una consigna policial. Además, se fijó una audiencia para el 3 de mayo.
Romani ratificó esa fecha e indicó que recién ayer tuvo acceso al expediente. Describió que el arzobispo fue notificado el miércoles 13 de abril, “un día antes de un momento trascendente para la Iglesia como es la Semana Santa. Nos damos con la noticia sin acceso al expediente. Nos presentamos este lunes pidiendo la compulsa del expediente y para ponernos a disposición de la Justicia”, añadió.
