Según un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba, en términos reales ese monto resignó el sector desde 2002; expertos alertan que los derechos de exportación afectaron la inversión, la generación de empleo y lo recaudado no volvió al interior en mejoras
A 20 años de reinstalados los derechos de exportación -por entonces el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, las anunció como “transitorias- las que pesan sobre los complejos de soja, maíz y trigo recaudaron más de US$100.000 millones. En términos reales -teniendo en cuenta el efecto de la inflación de Estados Unidos- son unos US$112.000 millones de hoy.
Los datos derivan de un estudio de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Si el cálculo se extiende a todos los bienes y servicios, para el Ieral, de la Fundación Mediterránea, son US$147.000 millones, de los que el 80% los aportó el complejo agroindustrial. El campo puso el equivale casi a tres veces el préstamo de US$45.000 millones que el FMI le dio a la Argentina.
Gonzalo Augusto, economista de la Bolsa, enfatizó que la Argentina es uno de los “pocos” países en el mundo que apela a los derechos de retención con el argumento, la mayoría de las veces, de controlar los precios internos de las materias primas gravadas. Sin embargo, explicó que al analizar la recaudación que generaron y el efecto sobre los precios “no sirvieron para contenerlos, pero sí son una fuente de ingresos importante de los últimos 20 años”.
“Afectan el precio que recibe el productor en el mercado interno. No son una retención como se los llama vulgarmente, porque eso implicaría una devolución. También alteran las decisiones de siembra en función de cuánto pesan sobre los distintos productos”, indicó.
Graficó con lo sucedido desde la gestión de (Mauricio) Macri hacia adelante cuando creció la siembra de maíz por sobre la de soja a partir de que primero se le eliminó la carga al grano y después se la reinstaló pero más baja que sobre la oleaginosa.
Desde la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada), el economista David Miazzo subrayó que los US$112.000 millones de recaudación son, “básicamente” recursos que “no se reinvirtieron” para la producción.
“Gran parte hubieran ido a desarrollar nuevas áreas productivas, mejores semillas, más fertilizantes, mejorar los sistemas de riego para encarar proyectos agroindustriales o hacer más ganadería”, expresó.
A su criterio, sin esas inversiones se produce menos de lo que se podría, no solo en materia de granos, sino que también se podría haber desarrollado más ganadería e incluso granjas porcinas. “Los productores tendrían más capital en su mano y querrían invertir para producir más y agregar valor, lo que se traduciría en más empleo y exportaciones”, advirtió.
Miazzo calificó al impuesto de “sanción” a la producción que va en contra de nuevos emprendimientos. “Hoy tenemos menos producción, menos empleo y menos exportación de lo que podríamos haber tenido. Achata todo; va pasando el tiempo y se avanza muy despacio. Son millones de dólares que se le sacaron al interior productivo del país; es potencial de desarrollo y crecimiento económico que se le quitó”, indicó.
En esa línea, insistió en que un interior “más pujante” colabora con el desarrollo de todo el país, “tracciona y descomprime las problemáticas de las grandes ciudades”.
“Este esquema da para pensar en qué país se quiere desarrollar, si más equilibrada y equitativa o más desbalanceada”, señaló.
Repasó que, si bien los recursos salen del interior productivo, no vuelven en forma directa, porque no se coparticipan. “Pese a todo ese dinero el Estado nacional no logró convertirlos en mejoras de los servicios que presta, ni en una mejora sustentable de la calidad de vida. No supieron convertir ese dinero en crecimiento sostenible -que equivalen casi a tres préstamos del FMI de US$45.000 millones”, dijo. “Salen del interior productivo no vuelven en forma directa, porque no se coparticipan”, agregó.
“Pese a todo ese dinero el Estado nacional no logró convertirlos en mejoras de los servicios que presta, ni en una mejora sustentable de la calidad de vida. No supieron convertir ese dinero en crecimiento sostenible”, añadió. Para Miazzo si no se discute el nivel de gasto público, la Argentina “nunca podrá bajar la carga fiscal ni del campo ni de ningún otro sector productivo ni podrá bajar la inflación”.
