“Es deber innegable del Estado velar por las personas en condiciones de vulnerabilidad, máxime en los casos que han sido institucionalizados, siendo el principio regulador el interés superior del niño y de los derechos humanos”, expresó el mandatario provincial.
En este marco, dispuso que, «con el objeto de determinar el estado de situación de los distintos centros de cuidado que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, se estima oportuno y necesario disponer una auditoria externa multidisciplinaria e interministerial”, según se informó oficialmente.
La medida tiene lugar luego que se conociera, el martes pasado, que un hombre denunció ante la justicia que su nieta de 13 años había sido abusada sexualmente por dos celadores del Instituto en el Instituto Goretti, donde se alojan por orden judicial niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en conflicto con la ley penal.
La presentación recayó en la fiscalía Especializada en Delitos Contra la Integridad Sexual III, a cargo de Daniel Marranzino, según consignaron fuentes judiciales.
En tanto, el presidente de la Fundación Crecer en Familia, Federico Quevedo, ratificó ante la justicia en las últimas horas del martes su denuncia sobre el presunto funcionamiento de una red de explotación sexual
Quevedo se había presentado el año pasado ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) para denunciar que en el Instituto Goretti funcionaría una red de explotación sexual que captaría a menores alojadas allí, declaración que ratificó ayer por la tarde ante la fiscalía de Daniel Banno, a quien le fue remitido el caso.
Al respecto, Quevedo señaló que no solo se produjeron abusos sexuales en este Dispositivo de Cuidado por parte de dos celadores, a quienes identificó, sino que funcionaría además una red de prostitución, y se refirió a los nombres de las posibles víctimas y testigos de estos hechos, explicaron voceros judiciales.
Estas mismas fuentes informaron que ambas causas, tramitadas en distintas fiscalías, serán unificadas.
