Se presentaron tres proyectos de ley para que la provincia aplique la legislación aprobada a nivel nacional. Todo indica que esta vez la iniciativa podría llegar al recinto para ser tratada en una sesión. La señal más clara fue el dictamen favorable de la comisión de Salud y unificar los proyectos en uno. El drama de la falta de educación sexual en una de las provincias con más alto índice de embarazos adolescentes.
En Tucumán fue el caso Lucía, la nena de 11 años que quedó embarazada tras sufrir una violación, que había pedido un aborto legal y tras una batalla legal fue sometida a una cesárea. Tucumán es una de las provincias con peores tasas de embarazo en menores de 19 años, alcanza el 30% de los totales, según estadísticas del plan ENIA, el programa interministerial del gobierno nacional que busca dar respuesta a la problemática del embarazo adolescente y que se aplica en las 12 provincias con las tasas más alarmantes de maternidades no buscadas.
En las Pruebas Aprender de 2017 a los estudiantes tucumanos se les consultó si había temas que la escuela secundaria debería enseñar y no aborda. La respuesta del 56% fue pedir por educación sexual. “Comparadas con mujeres de 20 a 24 años, las niñas madres menores de 15 años corren cuatro veces más riesgo de muerte en el embarazo”, según un informe de Amnistía Internacional. Además, “hay una correlación significativa entre la maternidad temprana, menor rendimiento educativo y peores resultados en el mercado laboral para las mujeres”, de acuerdo a lo que señala en un estudio el Banco Mundial. Pese a este escenario, Tucumán no adhirió a la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, sancionada en 2008.
Nada es casual. En agosto de 2018 la Legislatura, con el apoyo de 39 de los 43 legisladores presentes, aprobó un proyecto de ley que declaró a Tucumán como “provincia pro vida” considerando como política de Estado la defensa de la vida “desde el momento de la concepción en el vientre materno hasta su muerte natural”. Esto ocurrió a seis días del debate en el Senado del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
En este contexto, los legisladora peronista Sara Alperovich, Gonzalo Monteros y Javier Morof presentaron este año, por separado, proyectos para que Tucumán adhiera a la ley 26.150, que fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y que establece “el derecho de todos los y las estudiantes a recibir contenidos de Educación Sexual Integral en las escuelas públicas y privadas del país, desde el nivel inicial hasta la formación técnica no universitaria y el nivel superior docente.
No es la primera en hacerlo, en años anteriores legisladores de distintas bancadas, excepto del partido de derecha Fuerza Republicana (que fundó el ya fallecido y condenado por crímenes de lesa humanidad Antonio Bussi), elevaron proyectos similares pero perdieron estado parlamentario por la mora en sus tratamientos. A propósito, claramente.
“Es imprescindible que nuestra provincia adhiera a la ESI, que se garanticen sus derechos, mientras la ley ya está cerca de cumplir 16 años. Es clave hacerlo porque es la legislación madre desde la que se desprendieron otras leyes con perspectiva de género. Las resistencias que encontramos hasta ahora tienen que ver, por lo general, cuando se interpuso lo religioso en el debate”, expresó Sara Alperovich .
