Por Carlos Pagni – El Poder Ejecutivo está bloqueado por el conflicto entre Alberto
Fernández y Cristina Kirchner y, con independencia de ese factor, por el singular estilo
del Presidente para conducir la administración. Es un modus operandi “endiablado”, por
utilizar un adjetivo de su teología. Esa parálisis es la que más llama la atención. Pero no
es la única. El Congreso también está paralizado. Desde que se produjo el recambio
legislativo del 10 de diciembre, el oficialismo y la oposición de Juntos por el Cambio no
se han podido poner de acuerdo en la composición de las comisiones de trabajo de la
Cámara de Diputados. Solo se constituyeron la de Presupuesto y Hacienda y la de
Finanzas, para poder tramitar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recién
ayer se avanzó con la de Asuntos Constitucionales. La obstrucción de la Cámara Baja
podría proyectarse sobre el Consejo de la Magistratura. La Corte declaró la
inconstitucionalidad de la ley 26.080, que rige su composición actual, y ordenó que
antes del próximo 14 de abril esa institución adopte otra conducción de acuerdo con la
ley 24.937. ¿Los representantes del Congreso estarán designados para esa fecha? Si no
fuera así, el Consejo quedaría acéfalo, porque los jueces previeron que todos los
consejeros asuman a la vez. Por lo tanto, no se podrán disponer sanciones, ni aprobar
designaciones de jueces. ¿Se podrán pagar los sueldos de los magistrados? Durante el
tiempo que demande destrabar esta situación, el Poder Judicial seguirá empantanado
debido a que muchísimos tribunales están vacantes. Síntesis: los tres poderes del Estado
están empantanados.
Esta inmovilidad se vuelve inquietante cuando se observa el contexto en el que se
inscribe. Porque este aparato administrativo colapsado es el instrumental con el que la
sociedad argentina está ingresando en el ojo de un huracán económico. La inflación de
marzo será, según calcula la mayoría de los economistas, bastante superior a 5%. Quiere
decir que, si se proyecta para todo el año el promedio del primer trimestre, el índice de
2022 sería de 78%. Para ponderar la magnitud del descalabro: Martín Guzmán pactó
con el Fondo una inflación que no debe superar el 48%. Ese número rige las demás
coordenadas del programa, es decir, la pauta de devaluación, el aumento de tarifas, la
tasa de interés. Una consideración importantísima: la contabilidad asumida por Guzmán
se ha desarticulado antes de recibir el impacto del aumento de los precios de muchos
insumos estratégicos, entre los cuales los más importantes son los hidrocarburos.
Como consigna el especialista Daniel Gerold en su informe semanal, Ieasa, la empresa
energética estatal, solo consiguió nueve barcos de gas natural licuado, a un precio de
US$39 el millón de BTU. El presupuesto oficial se elaboró con la hipótesis de un precio
de US$20 por millón de BTU. Un problema similar aparece con el gas oil y el fuel oil
adquiridos por Cammesa para la generación eléctrica. Se ha encarecido y es muy difícil
de conseguir. Estas variaciones impactarán sobre la inflación, sobre la ecuación fiscal y
sobre el nivel de reservas del Banco Central. Desde hace más de una década, la energía
se ha convertido en un problema macroeconómico.
La escasez de gas oil está provocando daños en varias actividades. En las rutas
bonaerenses se ven filas de camiones tratando de cargar ese combustible, que las
estaciones de servicio comenzaron a racionalizar. ¿En algún momento quedará afectado
el transporte de pasajeros? La producción agropecuaria enfrenta otros dramas. Ha
subido el precio de varios insumos, sobre todo de la urea, que se fabrica con gas. Faltan
contenedores debido a que las importaciones registran una caída pronunciada. Muchos
exportadores deben buscarlos en Brasil. Además, falta agua en el Paraná, por lo que los
barcos solo pueden navegar allí con solo 70% de su capacidad. La combinación de estos
males amenaza, como es lógico, la oferta de divisas derivadas de las exportaciones.
Gerold observa en su análisis una caída en la demanda industrial de electricidad. Es una
variable significativa porque presenta una correlación perfecta con el nivel de actividad
económica. A diferencia de lo que prevé Alberto Fernández, ¿la economía comenzará a
enfriarse un poco?
Sobre este paisaje se superpone el entendimiento con el Fondo. Es obvio que deberá ser
revisado. Por eso es tan significativa la insistencia con que los técnicos de ese
organismo repiten en su informe de la semana pasada que se “recalibrarán políticas”.
Quieren decir que no se recalibrarán metas. El Gobierno, por lo tanto, deberá alcanzar
los objetivos prometidos con medidas más severas.
En este marco cobran más interés tres novedades de las últimas horas. La primera es el
proyecto que promovió Cristina Kirchner, a través de la senadora Juliana Di Tullio, para
inaugurar un blanqueo fiscal. La iniciativa presenta innumerables inconsistencias. La
más obvia es la controversia sobre el origen de una norma referida a cuestiones
impositivas: ¿no debería iniciarse en la Cámara de Diputados, según lo establecido por
el artículo 52 de la Constitución Nacional? Esa cláusula establece que el reclutamiento
de tropas y las contribuciones son materia de la Cámara Baja. “Sangre y plata del
pueblo son competencia de los representantes”: la frase es atribuida a Jefferson. Es
cierto que existen antecedentes de leyes sobre blanqueos y alícuotas iniciadas en el
Senado. Hay otros detalles: por ejemplo, la nueva ley establecería un beneficio para los
evasores que atesoren sus bienes en el exterior, respecto de quienes los esconden dentro
del país, a quienes no se ofrece absolución alguna. Sin entrar en la incoherencia, irónica,
de que un grupo político que ha repudiado la figura del confidente colaborador recurra
ahora a ella. Un inesperado homenaje al contador Víctor Manzanares, conocido en el
kirchnerismo como “Antonio Tormo”. Era el célebre “cantor de las cosas nuestras”.
Son cuestiones tangenciales. La propuesta de la vicepresidenta tiene varios significados
políticos. Es un intento de inclinar hacia la izquierda el acuerdo con el Fondo,
proponiendo que lo paguen “los que fugaron divisas con Macri”, aunque más no sea a
nivel simbólico. También es una excusa para presentar un bloque de senadores unido,
después de la fractura originada en el entendimiento con el organismo multilateral. Y es
una ocasión, otra más, para demostrar quién tiene el poder: la señora de Kirchner alienta
una reforma de carácter fiscal sin poner a Guzmán siquiera sobre aviso. Guzmán puede
consolarse: al Presidente tampoco lo notificaron.
Aun así, la Casa Rosada, a través de la vocera Gabriela Cerruti, se apresuró a suscribir
el proyecto. Dado que los Kirchner no le atienden el teléfono, Fernández busca otras
formas de ofrecer las paces a la vicepresidenta y a su hijo. Cita a Néstor Kirchner todo
el tiempo, sin saber que a ellos eso los irrita. Pide aplausos para la vicepresidenta. Y
reprocha a los tribunales por la cautelares que dictaron en favor de las empresas de
telecomunicaciones, encabezadas por Clarín. Debería abstenerse, porque el artículo 109
de la Constitución le prohíbe interesarse en causas judiciales. Otro olvido del profesor.
En síntesis, la inconducente obsecuencia del Presidente hacia su vice podría cifrarse en
aquella declaración de Woody Allen: “Yo sé que la respuesta es ‘sí’. Lo que no sé es
cuál es la pregunta”.
El conflicto interno se desató cuando, el año pasado, Fernández se negó a postular a
Santiago Cafiero como primer candidato en la provincia de Buenos Aires. Lanzó a
Victoria Tolosa Paz. Y perdió. En estas horas, en la Casa Rosada, intentan atenuar el
costo de ese resultado con un antecedente inapelable. Alegan que la de 2021 no ha sido,
como quieren los talibanes de la vicepresidenta, la peor derrota del ciclo kirchnerista.
Tolosa sacó 3.368.310 votos, el 38,53%, cuando Néstor Kirchner había obtenido, en
2009, 2.418.104 votos: el 35.88%. También Fernández consiguió en 2019, según los
mismos calculistas, más votos que Cristina Kirchner en 2007: 48,28% contra 45,28%.
El segundo hecho que debe observarse en estos días es el encuentro de la señora de
Kirchner con el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley. Hay que destacar la
sagacidad de Stanley, quien le está dando a su función una visibilidad que no tenía
desde los tiempos de Terence Todman: decidió escuchar en persona lo que piensa la
principal líder del oficialismo, y no depender de versiones de terceros, que van desde el
Presidente hasta Sergio Massa, pasando por Gustavo Beliz o Jorge Argüello. Además,
hay que ubicarse en el rol del hiperactivo Stanley. Es el embajador de un país cuyo
principal problema hoy se llama Rusia. Y fue a conversar con una dirigente que ha
manifestado una simpatía muy operativa hacia Vladimir Putin. En el mismo despacho
donde fue recibido Stanley estuvo el embajador Dmitry Feoktistov. Allí se organizó el
suministro de la vacuna Sputnik. La foto de aquel encuentro mostró a la anfitriona y a
su visitante con las banderas argentina y rusa. En el caso de Stanley, el fotógrafo no
alcanzó a registrar la de los Estados Unidos que, aseguran en el Senado, estaba en el
despacho. Son minucias.
Lo relevante es que el representante de Joe Biden retomó una relación que se había roto
hace 11 años, cuando la entonces presidenta ordenó a Héctor Timerman incautar
material sensible de los Estados Unidos entrando con el alicate de la soberanía a un
avión militar estacionado en Ezeiza. No debe asombrar. A comienzos de este mes, el
sábado 5, una comitiva de funcionarios de Biden, encabezada por Juan González, el
encargado de América Latina en el Consejo Nacional de Seguridad, viajó a Caracas para
entrevistarse con Nicolás Maduro. Cuando The New York Times reveló la novedad se
desató un escándalo. Entre otras razones, porque Estados Unidos reconoce como
presidente al opositor Juan Guaidó, a quien los enviados de Biden no llegaron a ver.
Maduro fue al encuentro de ellos en un intervalo de un congreso del chavismo del que
participaba Rafael Correa y Evo Morales. La explicación inicial del Departamento de
Estado fue que el viaje se debió a la necesidad de obtener petróleo debido al bloqueo
ruso. El argumento se fue estilizando con el paso de las horas, sobre todo por la queja de
muchos demócratas, entre ellos del representante Bob Menéndez, presidente de la
comisión de Relaciones Exteriores, que no estaba al tanto de las tratativas. Maduro
liberó después a dos norteamericanos a los que había tenido presos durante cuatro años.
Es evidente que se está precipitando un realineamiento, que se discute al mismo tiempo
que se despliega. Una de sus claves es que la invasión a Ucrania dejó muy mal parados
a los aliados de Rusia en la región. La conversación con la señora de Kirchner es un
capítulo de ese movimiento.
La misma agenda motivó otra visita: la que realizó ayer al Ministerio de Defensa un alto
oficial de Inteligencia del Comando Sur del Pentágono. La titular de ese Comando, la
general Laura Richardson, denunció la semana pasada la influencia regional de China y
Rusia en el Congreso norteamericano. Entre otros pormenores, alertó sobre la
posibilidad de que una empresa china se encargue de construir una base para la logística
naval en Ushuaia.
Para Cristina Kirchner la que mantuvo con Stanley fue también una entrevista
significativa. No solo porque la libera de una intermediación incómoda, ejercida por
Fernández, Béliz o Massa, que perdieron peso relativo con ese encuentro. Además,
Cristina Kirchner restableció un vínculo con el representante del país más determinante
dentro del Fondo Monetario Internacional. Es una dimensión clave de este juego, sobre
todo para una líder que presta la máxima atención a una crisis económica en la que se
pone en juego todo su capital político.
Sería un error entender este reacercamiento con los Estados Unidos como un giro
copernicano. Ayer la vicepresidenta, ecuménica, se entrevistó con dos diputadas
venezolanas, las bolivarianas Blanca Chávez y Stella Lugo.
El tercer episodio para destacar en estas horas es un anuncio de Sergio Massa: dentro de
un mes presidirá en Mar del Plata un congreso de su partido, en el que promete definir
si sigue o no participando del Frente de Todos. Massa pone como condición un acuerdo
entre el Presidente y la señora de Kirchner. Tiene sentido. Hasta ahora no logró mejorar
la calidad de Fernández como gestor. Y la vicepresidenta no le adelanta sus
movimientos: por ejemplo, quedó sorprendido por el rechazo al entendimiento con el
Fondo, por el que él hizo gestiones decisivas. Por eso muchos miran el eventual
desembarco de Massa como un gesto en defensa propia. Y lo vinculan con sus
incesantes conversaciones con Gerardo Morales, quien también insinúa posiciones
rupturistas en Juntos por el Cambio.
Pero no es la única lectura. Sobre todo, porque nadie resuelve su destino por decisiones
que deben tomar otros. En este caso, Cristina Kirchner y Alberto Fernández. No hay que
olvidar que Massa está encadenado a la vicepresidenta por un factor inexorable: su
condición de bonaerense. Mientras ella controle los votos peronistas del conurbano, la
autonomía del diputado es limitada. Por esta razón, la amenaza de ruptura se lee de otro
modo. Massa sería, con un portazo, el protagonista de un primer acto del drama. El
segundo, correría por cuenta de los Kirchner. De ser así, a Fernández le estarían dando
un mes de plazo para que permita que su gabinete sea intervenido. Asumir la condición
de adelantado tal vez sea el precio que Massa debe pagar a cambio de que, según él
mismo afirma, la vicepresidenta le recomiende “preparate”. No hay que preguntarse
tanto para qué. La pregunta es para cuándo. Si estas inquietudes son correctas, la
entrevista de la señora de Kirchner con Stanley adquiere otra densidad. Un detalle: ayer
el embajador se reunió con funcionarios y políticos. Estaba Malena Galmarini. La mujer
de Massa.
