El secretario de Comercio, Roberto Feletti, dijo que, si se convalida la suba de precios en los alimentos, “la Mesa de Enlace va a decidir qué comemos y qué no comemos”.
La respuesta no se hizo esperar. El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, dijo que la Mesa de Enlace “no le pone el precio a la mesa de nadie, en tal caso, lo hace el Gobierno”, que no controla la inflación.
Un poco más fuerte fue el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, para quien Feletti “dice estupideces” para “buscar la reacción” de los productores agropecuarios.
La preocupación del Gobierno por el aumento de los precios de los alimentos toma mayor relevancia esta semana, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer los índices de pobreza e indigencia del segundo semestre del año pasado. Con una baja de la desocupación al 7%, el Gobierno confía en que el registro de fines de 2021 “perfore” el piso del 40% que tuvo en el primer semestre del año pasado.
Es que el índice de pobreza se conforma por el precio de una canasta constituida por alimentos, indumentaria y algunos servicios, contra los ingresos que tiene un grupo familiar.
A fin del año pasado, el costo de la Canasta Básica Total (CBT) aumentó 40,5%, por lo que una pareja con dos hijos de seis y ocho años necesitó $ 76.146 para comprar esos bienes y servicios
En tanto, el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió el 45,3% durante al año pasado, con lo cual el mismo grupo familiar necesitó $ 32.963 para adquirirla y no caer debajo de la línea de la indigencia.
Llamó la atención que la suba del 40,5% de la CBT estuvo casi 10 puntos por debajo de la inflación, que llegó al 50,9%.
La mirada del Gobierno está puesta en si el Índice de Pobreza del segundo semestre del año pasado perfora el 40,6% que registró en el primer semestre. Confía en lograr ese cometido porque la economía creció 10,3% durante 2021 y la desocupación bajo del 11% al 7%.
También porque los salarios de los privados, según el Indec, aumentaron un 55,3% durante el año pasado, los de los empleados públicos el 58,6%, todos ellos por encima de la suba del CBT, pero lo de los no registrados, que son al menos un tercio de los que tienen empleo, solo tuvo un aumento del 40,6%.
Ante esto, el titular del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, advirtió que, “debido a la precarización” laboral, “cada vez más trabajadores son pobres”.
El OS-UCA ya había adelantado su índice de pobreza al término del tercer trimestre de 2021, el cual descendió al 43,8% frente al 44,7% de igual período de 2020.
En tanto, el nivel de indigencia, entendida como la gente pobre cuyos ingresos ni siquiera les alcanzan para comprar la cantidad mínima para alimentarse, se mantuvo en el 8,8%.
Salvia apuntó a que los planes sociales “son fundamentales para evitar que se dispare la indigencia”. Sin estas ayudas, ese índice aumentaría del 8,8% al 18%.
“Los efectos que tendría sacar los programas serían muy fuertes desde el punto de vista social. Generar reducciones a los programas tiene efectos muy corrosivos”, dijo Salvia.
Salvia, expresó que esta situación extremadamente crítica exige un plan de estabilización y shock económico, pero que solo reduzca el gasto social a medida que se genere más empleo.
Pero el especialista fue aún más lejos: “La fuerte recuperación económica” de 2021 “no se reflejó en una mejora nítida en términos sociales porque fue ‘anulada’ por la fuerte inflación”.
