Boric criticó las violaciones de los derechos humanos en Venezuela

El embajador de Chile en Ginebra manifestó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, su “especial preocupación por los continuos informes de intimidación y criminalización ” en Venezuela.

El embajador de Chile en Ginebra, Frank Tressler, manifestó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, su “especial preocupación por los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas” en Venezuela, marcando así las primeras declaraciones del nuevo gobierno presidido por Gabriel Boric, sobre la situación en el país donde impera la Revolución Bolivariana.

“El Estado venezolano no ha adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos, combatir la impunidad y reparar a las víctimas mediante investigaciones y enjuiciamiento domésticos. Las violaciones a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos persisten y la situación humanitaria es preocupante”, subrayó el diplomático.

“Estas condiciones han significado para Chile y otros países de la región una masiva y continua llegada de migrantes venezolanos que buscan mejores condiciones de vida. La solución a la crisis democrática y humanitaria… debe provenir de los propios venezolanos a través de mecanismos pacíficos y negociados, en especial los esfuerzos que está realizando la sociedad civil a través del Foro Cívico como articulador entre el gobierno y la oposición”, recomendó el embajador chileno.

Estas declaraciones nutrieron los debates de las “actualizaciones orales” de los informes de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, y de la “Misión Internacional de Determinación de los Hechos”, el único órgano hasta hoy constituido por este Consejo para investigar a un país latinoamericano. Las deliberaciones sucedieron en presencia de cinco ONGs venezolanas. El “gobierno chavista”, rechazó en bloque las acusaciones, sin responder específicamente a las denuncias ventiladas en Ginebra.

Estas dan cuenta de unos seis mil mártires inmolados desde 2017. Integran 3034 asesinados en 2020, la mayoría de ellos por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) a consecuencia de la “limpieza social”, y “resistencias a la autoridad”. Dicha cantidad descendió en 2021 a otras 1414 muertes, que incluye la eliminación de 347 jóvenes de barrios pobres ejecutados por el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas) y 426 homicidios cometidos por policías estatales.