Es el segundo hecho relacionado al Ejecutivo en el que el Poder Judicial de Catamarca activa sus dispositivos con celeridad.´
Un usuario de la red social Instagram amenazó a Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, a través de su cuenta personal, y le pintaron los dedos.
El hecho ocurrió cuando en un vivo de Edgar Bacchiani, el empresario investigado por la Justicia por supuestas estafas piramidales que invierte en criptomonedas, el usuario gomez.hugo lanzó un descargo en contra del mandatario.
Sus declaraciones virtuales generaron el inmediato accionar judicial, que ya sin feria de por medio operó todos los dispositivos para restringir el acceso del sindicado, Néstor Gómez, con Jalil y su familia.
Prontuario de por medio, el imputado se abstuvo de declarar. En IG había expresado: «no jodas con el pelao que vas a terminar con la boca con algodón».
La interna entre el Gobierno de Catamarca y la inversionista Adhemar Capital, propiedad de Bachiani viene desarrollándose con ribetes farandulescos.
En Catamarca la clase media comenzó a desviar parte de su economía a la financiera desde 2020, y gran parte de las agencias de taxis y remises de la provincia vendieron sus unidades para confiar sus ingresos mensuales en la agencia. El Gobierno, mientras tanto, ofició de intermediario ante el ministerio de Hacienda de la Nación para que analice la legalidad de sus operaciones en la provincia.
En enero de este año el Banco Central emitió un comunicado en el que alertaba acerca de la captación de inversores poco transparentes de administración de activos relacionados a las criptomonedas en Catamarca y La Rioja.
La entidad intimó a estas empresas a no realizar operaciones de intermediación financiera. Y dijeron que iban a «analizar si corresponde la denuncia penal por la presunción de una maniobra de estafa asimilable a los esquemas Ponzi». Hasta el momento no se conoce acerca de ninguna denuncia penal realizada para indagar el tema a fondo.
Si bien no hay un listado oficial de inversionistas en la financiera investigada, públicamente circulan de manera informal nombres de funcionarios provinciales que habrían invertido en la intermediaria.
