La Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó por unanimidad al Estado Nacional a pagarle 1.000 millones de pesos a la Compañía de Valores Sudamericana, ex Ciccone Calcográfica, la cual había sido expropiada en el marco de una investigación judicial contra el ex vicepresidente Amado Boudou.
Los cuatro integrantes del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, rechazaron una serie de recursos presentados por el Estado y la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) y actualizaron la cifra que se le deberá pagar a la empresa.
A través de una ley que se votó en el Congreso motorizó la medida, que preveía un pago de 275 millones de pesos. Éste iba a ser compensado por las deudas impositivas de la compañía, pero fue judicializado por los propietarios que argumentaron la «inconstitucionalidad» de la norma.
El argumento que surge del fallo es que las deudas deben resolverse por otra vía y no puede plantearse una compensación. Los magistrados se basaron en una decisión anterior de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, que decía que una indemnización no solo abarca al precio sino también «al resarcimiento por daño».
Según indica el fallo, se intimó al Estado a depositar los 275 millones de pesos más una tasa anual del 6% de intereses a contar desde el 12 de marzo de 2013 y hasta que se haga efectivo pago en dinero.
Ciccone y la condena de Boudou
En 2010, la AFIP se presentó en la Justicia para pedir la quiebra de Ciccone Calcográfica por una deuda con el fisco de 60 millones de dólares. La empresa London Supply, contratista del Estado Nacional, se presentó ante la Justicia y pagó $1,8 millones para levantar la quiebra «en nombre de» la empresa fantasma llamada The Old Fund, presidida por Alejandro Vandenbroele.
Posteriormente, Ciccone pidió a la AFIP una moratoria que incluyera quita de intereses, multas y honorarios, lo cual fue considerado «aceptable» y sugirió consultar a Amado Boudou, que en ese entonces era ministro de Economía, y decidió concederle una «moratorio excepcional». Finalmente, en 2011 The Old Fund tomó el control de la planta y fue renombrada como Compañía de Valores Sudamericana S.A.
En un fallo confirmado por la Corte Suprema en 2020, Boudou quedó condenado por «negociaciones incompatibles con la función pública Estado» y «cohecho». En esa causa, se estableció que el ex funcionario elaboró un plan, junto a otros cómplices, para quedarse con Ciccone y así lograr contratos con el Estado.
