En momentos que reconoce como una “oportunidad histórica” y entusiasmada con una mayor paridad parlamentaria, la oposición ha puesto el foco en la cuestión educativa. Avanza así con la presentación de tres proyectos con la intención de que puedan ser tratados este año.
Uno de ellos contempla la creación de un instituto autónomo de evaluación permanente e integral del sistema educativo que incluya, entre otras variables, la repetición, deserción, egreso, inversiones, logros, evaluación, capacitación, práctica docente y planes. Vale acotar que una cuestión medular como la formación docente plantea, desde hace tiempo, un desafío político, pues se ve entorpecida por el accionar gremial. El proyecto incluye un fondo destinado a premiar con mayor presupuesto a las jurisdicciones que mejoren sus indicadores educativos, precisamente para contribuir a que sigan superándose.
El segundo proyecto aborda la declaración de la emergencia educativa haciendo foco en el cumplimiento del calendario para 2022 y el combate a la deserción escolar. La cantidad de días de clase es solo un indicador más, pero no menor, de la calidad educativa. Un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación reveló que solo Buenos Aires y Neuquén planificaron 190 días de clases para el nivel primario, contemplando vacaciones, feriados y jornadas institucionales, una programación consensuada con el Consejo Federal de Educación (CFE) en un afán por recuperar aprendizajes, puesto que la normativa exige solo 180. Sin embargo, el promedio en las provincias llega a 184 días, por encima de los 180 de 2021 –con apenas diez distritos que alcanzaron ese piso– y los 178, con escuelas cerradas de 2020. Ocho provincias, por su parte, no habían publicado aún sus calendarios al momento del estudio del CFE, siendo que constituye una herramienta clave para la planificación, y recurrieron al calendario nacional, con lo que queda demostrado cuánta improvisación y falta de transparencia impera en una materia tan delicada.
Respecto de la deserción escolar, reiteradamente hemos señalado en estas columnas nuestra preocupación por los niveles críticos alcanzados en pandemia, con estimaciones oficiales que refieren que apenas unos 500 mil estudiantes se habrían revinculado nuevamente, mientras que unos 600 mil nunca regresaron a las aulas; una catástrofe educativa cuyas consecuencias aún no medimos debidamente.
Tras la errada decisión gubernamental de imponer tempranamente una cuarentena estricta que obligó al cierre de establecimientos, el plan Volvé a la Escuela pretende ahora recuperar a los que se alejaron y reforzar sus trayectorias educativas luego del tsunami que puso en evidencia el déficit de acceso a dispositivos y conectividad que afecta mayormente al segmento más pobre de la población.
El tercer proyecto legislativo que presentará Juntos por el Cambio pretende quitar de la órbita discrecional de un ministro, ligado a los vaivenes de la política partidaria, la obligatoriedad de las pruebas Aprender, exigiendo su realización mediante ley del Congreso.
El actual ciclo lectivo dará comienzo mañana con presencialidad plena en 20 de las 24 jurisdicciones del territorio nacional. Corrientes comenzó las clases el 14 de febrero y Mendoza y la ciudad de Buenos Aires lo hicieron el 21. El ministerio porteño de Educación anunció más días de clase y nuevas materias en el último año para favorecer la empleabilidad en el contexto de la Secundaria del Futuro, que se puso en marcha hace cinco años. Ya son 265 las empresas involucradas en la tarea de despertar vocaciones y profundizar experiencias de aprendizaje y desarrollo de habilidades blandas para quienes cursan el último año del nivel medio, algo que hasta aquí solo tenían los alumnos de escuelas técnicas porteñas. Achicar las distancias entre los contenidos curriculares y las competencias laborales es clave.
Mientras tanto, un presidente que afirma que la educación es “nuestra principal preocupación” se muestra, una vez más, alejado de la realidad cuando sentencia: “Vamos a olvidarnos de tener la cara tapada”. Esa declaración tuvo lugar durante el anuncio de la creación de 100 escuelas técnicas ante cientos de estudiantes, a menos de una semana de haber aprobado los protocolos que le presentó la ministra de Salud de la Nación, enfatizando que los barbijos no podían eliminarse de las aulas y que se exigirían a partir del nivel primario durante toda la jornada educativa en espacios cerrados. Aula Segura es el nombre del documento emitido que detalla las pautas. Como cada jurisdicción podrá adecuar las recomendaciones, la ciudad de Buenos Aires dispuso la obligatoriedad de su uso a partir de quienes cursan cuarto grado, pues se prioriza facilitar la alfabetización inicial entre los más pequeños.
En un país con un desempeño estudiantil en Lengua, Matemáticas y Ciencias Sociales que en 2019 ya se encontraba por debajo del promedio regional, según mediciones en 16 países de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Unesco, está claro que la pandemia solo puso en evidencia las graves falencias de un sistema que castiga a los que menos tienen y que lejos está de motivar a los alumnos y de proveerles las habilidades y saberes que exige el mundo actual. La emergencia educativa demanda priorizar los consensos para rediseñarlo, con visión de largo plazo, contemplando la multiplicidad de aristas y de actores involucrados así como las necesidades de un mundo en transformación. Si la educación no se asume como una prioridad impostergable, la Argentina no tendrá destino. No hay futuro sin educación.
