Ante la tragedia por los incendios en Corrientes, diputados de Juntos por el Cambio proponen la derogación de la polémica ley de manejo del fuego que impulsó, a fines de 2020, el exjefe del bloque oficialista Máximo Kirchner. Dicha norma prohíbe la venta y el cambio de uso de tierras incendiadas por lapsos que se extienden hasta los 60 años para evitar supuestas especulaciones vinculadas a emprendimientos inmobiliarios en las zonas afectadas.
Los diputados Gerardo Milman, de Pro, y Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica, presentaron sendos proyectos en idéntico sentido. Ambos están acompañados por sus respectivos bloques.
“Pedimos la derogación de la Ley 27.604 que fue impulsada por Máximo Kirchner, pues presume que los tenedores de tierras son responsables de provocar incendios con el objetivo de obtener un interés inmobiliario y prohíbe la venta de las mismas tierras incendiadas”, argumentó el diputado Milman. “No contempla que los incendios pueden ser provocados por otros factores, como los naturales. Por eso, esta ley no aportó nada. Solo un lastre más para los propietarios de tierras. Y por lo cual pedimos su inmediata anulación”, enfatizó.
En similar sentido se expresó la diputada Zuvic cuyo bloque, además de reclamar la derogación de la ley impulsada por Kirchner, impulsará otra iniciativa de alivio fiscal a los productores afectados por incendios.
“Está claro que la ley en cuestión se asienta sobre la peligrosa generalización de suponer la existencia de una especulación e intencionalidad detrás de los incendios, fijando inmediatamente la responsabilidad a los propietarios –sostuvo–. Existiendo múltiples razones por las cuales se origina el fuego y habida cuenta de los enormes perjuicios económicos que se encuentran hoy sufriendo los miles de afectados por las llamas, es evidente que el objetivo de la ley es únicamente castigar al propietario, sin ningún objetivo de conservación y protección ambiental real”.
En caso de incendios, sean provocados o accidentales, en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales, las prohibiciones se extienden por el lapso de 30 años.
La iniciativa, ampliamente resistida por las entidades agropecuarias, se aprobó con el apoyo del oficialismo y de buena parte de sus aliados. Juntos por el Cambio votó en contra.
