Mientras se entra en la recta final para conocer los detalles del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la expectativa entre los analistas está puesta en cómo hará el ministro de Economía para reducir los subsidios a las tarifas de gas y electricidad. Se trata de una iniciativa que tiene Martín Guzmán desde que comenzó su gestión, pero en la que no pudo avanzar por el férreo control que mantiene La Cámpora sobre esta área. En estos días, la disputa cobró relevancia luego de que el Fondo hiciera hincapié nuevamente en la necesidad de reducir las transferencias al sector energético.
El fin de semana, la agrupación que lidera Máximo Kirchner dejó trascender que la segmentación tarifaria basada en el valor del inmueble que propuso tendrían un ahorro fiscal de solo 0,08% del PBI, muy inferior al 0,6% que pretende Guzmán, para disminuir los subsidios del 2,3% del producto del año pasado a 1,7% para 2022.
La Cámpora advierte, en cambio, que este año será complicado reducir el gasto porque hay varios efectos exógenos que presionarán sobra la cuentas fiscales y externas, como la declinación de los pozos gasíferos de Bolivia y la baja generación hidráulica (afectada por la bajante del río Paraná), que implicará mayores importaciones de combustible líquido. A eso se suma la disparada de los precios del gas por las tensiones geopolíticas en Europa.
Estas discusiones no son nuevas dentro del Gobierno. El año pasado, Guzmán intentó avanzar con una reducción en los subsidios energéticos y no solo no lo pudo hacer, sino que quedó debilitado políticamente luego de que no se concretara la destitución de Federico Basualdo de la subsecretaría de Energía Eléctrica.
Todos estos funcionarios participan en la decisión sobre cuándo y en qué medida se actualizan las tarifas de luz y gas, así como también los precios de la nafta. Y están a cargo de compañías que reciben transferencias multimillonarias del Tesoro: Cammesa obtuvo el año pasado US$7317 millones, el 67% del total de subsidios devengados a la energía, mientras que Ieasa, la empresa a cargo de las importaciones de gas natural licuado (GNL), recibió US$2125 millones (el 19% del total).
En medio de un verano caliente atravesado por las negociaciones con el FMI, el sector cristinista volvió a marcar territorio en su sector en dos oportunidades. Primero, al anunciar que el aumento tarifario de este año sería solo del 20%, y luego, cuando se filtró a los medios que en diciembre pasado ya se le había presentado a Guzmán un proyecto de segmentación y que era el ministro quién no había avanzado en el tema. En ningún momento se detalló en qué magnitud se reducirían los subsidios.
