La jueza del Distrito Sur de Nueva York Loretta Preska rechazó un planteo judicial realizado por el Gobierno argentino para evitar sumar más demandantes en el juicio que un grupo de tenedores de cupones atados al PBI le hizo al Estado argentino por la manipulación de datos del Producto Bruto durante la intervención del Indec.
Actualmente unos 6 grupos que demandan a la Argentina por la manipulación de los datos del Indec para el PBI en la corte de Nueva York. Sumado al puñado de reclamos que también se iniciaron en Londres, el monto total de los juicios se elevaría hasta unos USD 1.200 millones. En el caso puntual del fallo de este martes, el Estado había solicitado a Preska que lo desestime por tratarse de un grupo de inversores que habrían superado el tiempo máximo hasta la prescripción judicial.
Ese juzgado, en diciembre había dispuesto que la Argentina debería revelar la metodología que utilizó el Indec para medir la actividad económica en 2013, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. La decisión judicial se vincula con el juicio que le inició al país -en los Estados Unidos- el fondo buitre Aurelius Capital Management, por la manera en que la Argentina calculó el PBI, lo que determina si deben pagarse o no los bonos de la deuda pública atados al crecimiento, conocidos como cupón PBI. Cabe recordar que ese fue un instrumento que se entregó en el canje de deuda con acreedores privados que se concretó en 2005.
Por su parte, los fondos tendrán que presentarle al tribunal los documentos que prueban la compra de títulos argentinos emitidos en dólares, luego de esa reestructuración de deuda. El fondo reclama USD 159 millones que, según esa empresa, la Argentina le debe por los bonos cupón PBI.
Cabe recordar que en 2007 el Indec comenzó a cambiar los resultados de las estadísticas públicas cuando la inflación no se acercaba al deseo del Gobierno; luego, la maniobra se extendió a las cifras del PBI y de pobreza, entre otras, hasta fines del 2015. Además, se iniciaron causas penales contra los consultores que publicaban sus datos en forma independiente, que fueron rechazadas por la Justicia.
