El fiscal federal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, avaló la decisión de su par de la instancia anterior que rechazó el sobreseimiento dictado a favor de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner -como de los demás acusados- en los casos Hotesur y Los Sauces donde se los había procesado por lavado de dinero. El máximo tribunal penal fijará ahora una fecha de audiencia para conocer los argumentos y decidir después si la vicepresidente debe afrontar, o no, el debate oral.
A finales del año pasado, en al menos seis ocasiones a lo largo de su escrito el fiscal ante el Tribunal Oral Federal 5 Diego Velasco fue determinante al explicar que la mejor instancia para resolver la culpabilidad o inocencia de la vicepresidenta, sus hijos y otros 13 acusados es el juicio oral y público.
En el dictamen había remarcado que la decisión de los jueces del TOF 5 es «arbitraria», ya que «padece de omisiones y desaciertos de gravedad extrema que las invalidan como actos judiciales contaminadas de groseros errores jurídicos y se han utilizado argumentos falaces que provocaron conclusiones falsas».
Respecto de esos jueces, el fiscal destacó que «su función principal radica en REANALIZAR el caso en un debate oral y público y reiteró que los Tribunales «no pueden desnaturalizar» sus funciones.
La apelación fue concedida por el TOF 5 e ingresó a la Sala I de la Cámara de Casación. La instancia siguiente era saber si el fiscal que allí interviene, Mario Villar, iba a sostener el recurso o no. Esta decisión era determinante, ya que la única querella del caso, la Unidad de Información Financiera (UIF) había decidido no apelar.
Con la presentación de Villar, ahora la Sala I de la Casación Federal ya puede analizar la resolución de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg, ya que la magistrada Adriana Palliotti fue la única que votó en disidencia, sosteniendo que la vicepresidenta, sus hijos y los demás imputados, debían comparecer en un juicio oral y público.
Los argumentos del fiscal Villar se conocerán en la audiencia que fijará ahora la Casación, donde también se pedirá la opinión de los acusados en ambos expedientes. Será recién transcurrida esa etapa, cuando los jueces Daniel Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barrotaveña estarán en condiciones de pronunciarse al respecto.
Cuando apeló el sobreseimiento dictado sin la realización del juicio oral, Diego Velasco, recordó que aún hay varias medidas de prueba en curso, más específicamente dos pericias sobre ambas empresas, donde se pusieron bajo análisis todos los contratos celebrados. La correspondiente a Los Sauces debía concluir en diciembre, y el informe preliminar había arrojado una serie de irregularidades como pagos que no se condicen con su documentación, libros contables faltantes, falta de fondos para la adquisición de propiedades.
También se refirió a documentación e información que es «retaceada por ciertos organismos públicos provinciales –Municipalidad de Río Gallegos y Calafate-, que no hacen más que confirmar su importancia, y su restricción en este momento afectaría gravemente los derechos de esta parte, privando incluso al sentenciante el abordaje íntegro del plexo probatorio».
