Familias campesinas reclaman tierras comunitarias apropiadas por un intendente

La comunidad de Las Barrancas denuncia que el jefe comunal del vecino municipio de San Fernando cercó 60 hectáreas comunitarias, que se usaban para el pastoreo y como camino comunal. Tras cercar el predio inició una explotación privada de monocultivo de nogales, que contamina con herbicidas el agua de la localidad.

Las Barrancas es un pueblo catamarqueño ubicado en el municipio de Pozo de Piedra, departamento de Belén. Viven en ese paraje unas 200 personas que desde tiempos ancestrales se dedican a la cría de animales y al cultivo de alimentos.

Muchas de ellas pagan anualmente a la Dirección General de Catastro de la provincia un «derecho de pastaje», para poder realizar el pastoreo de su ganado en tierras comunitarias conocidas como Pampa del Salvial. Este predio de 60 hectáreas contiene parcelas donde viven algunos vecinos, caminos y un canal que provee de agua potable a la población. En 2019, el intendente del vecino municipio de San Fernando, José Figueroa (Frente de Todos), comenzó a hacer uso de esas tierras para fines privados. El terreno fue cercado y actualmente se desarrolla allí el monocultivo de nogales. La comunidad reclama que el espacio le sea restituido y presentó una cautelar para frenar nuevas obras en el predio.

El conflicto inició hace dos años, cuando el intendente de San Fernando, municipio cercano a Pozo de Piedra y a 51 kilómetros de Las Barrancas, empezó a usufructuar las tierras comunitarias. Si bien durante algún tiempo el funcionario mantuvo la promesa de no privar a los pobladores del uso del territorio, al comenzar la pandemia de Covid-19 —y con ella el aislamiento social preventivo y obligatorio— procedió a cerrar el terreno con alambre perimetral y postes de madera cada dos metros.

Esas tareas las realizó con maquinaria y empleados que trajo desde la Municipalidad de San Fernando. En el predio comenzó a desarrollar un proyecto de monocultivo de nogales, con uso de agrotóxicos. Figueroa argumenta tener un boleto de compraventa a través de su suegra, Teresa del Valle Saadi. «Es la primera vez que viene gente de afuera y ocupa tanta cantidad de tierras sin ningún papel», denuncian los habitantes de Las Barrancas.

No solo el campo fue cercado, sino también se cerró el canal principal de riego, un estanque alternativo, la cisterna de agua potable, un camino público y sendas de pastoreo y de traslado de animales. La imposibilidad de tener un lugar donde los animales pudieran alimentarse hizo que muchos se perdieran buscando comida o que murieran, generando un perjuicio económico a las familias de la zona.

Por otro lado, los vecinos denuncian que el canal que provee de agua potable a toda la comunidad fue roto para alimentar un estanque de uso privado al interior del predio. Además, alertan que —por la pendiente— aguas con los herbicidas utilizados en los nogales derivan en los suelos de Las Barrancas, afectando directamente a toda la población.

«Uno de los puntos más importantes es el uso del agua. Él desvía el agua de riego y acapara el agua potable para el riego con uso de agrotóxicos», denuncia Paulina Ramírez, vecina de Las Barrancas, en diálogo con Tierra Viva. La situación afecta las tradiciones, la vida cultural, la economía y también la salud de quienes viven en la zona. Ramírez opina: «Figueroa es un funcionario público que no puede tener adquisiciones de tamaña envergadura, eso habla de la corrupción y de cómo los partidos políticos sostienen esto. Los medios de comunicación de Belén no quieren hablar del tema«.