Luego de varios años de parálisis, la causa por la responsabilidad empresarial en la represión ilegal a los trabajadores del ingenio La Fronterita en Tucumán fue elevada a juicio oral. Cuatro ex directivos de la empresa, Jorge Alberto Figueroa Minetti, quien era el administrador, Eduardo Butori, Alfredo Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos, deberán responder por los crímenes contra 68 personas, en su mayoría trabajadores del ingenio, dirigentes y militantes sindicales de base y colonos que residían en los barrios construidos por la empresa.
El expediente se inició a partir de los testimonios y pruebas que surgieron durante el primer juicio por el Operativo Independencia. La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Tucumán comenzó a investigar esos hechos y acusó a los empresarios como cómplices de secuestros, tormentos, abusos sexuales y homicidios. La responsabilidad de las fuerzas represivas sobre esos hechos ya había sido juzgada en debates previos.
Los hechos ocurrieron entre 1975 y 1978. En febrero de 1975, Famaillá se convirtió en el epicentro de la represión desplegada en el Operativo Independencia. En la Escuelita se instaló el Puesto del Comando Táctico Adelantado y el principal centro clandestino de la zona mientras que en La Fronterita, a 6 kilómetros, funcionó la fuerza de tareas “Rayo” del Ejército en tres espacios, “Comando de la Laguna”, donde se alojaba a la oficialidad, el “Tambo”, en el que permanecían las tropas, y los “conventillos”, viviendas utilizadas como centro clandestino de detención. Los tres fueron reconocidos por sobrevivientes como los lugares donde los tuvieron cautivos y fueron torturados.
Durante la investigación se acreditó que la empresa cedió sus instalaciones para que funcione un centro clandestino de detención, aportó la logística para esa base militar, aportó vehículos y dio información a los militares para que llevaran adelante los secuestros y homicidios.
El ingenio La Fronterita fue fundado en los años 20 por la familia Minetti en las afueras de la localidad de Famaillá. La empresa creció y se benefició de las últimas dos dictaduras, en las que logró aumentar su producción y multiplicar sus ganancias sobre la base de la persecución gremial y la represión.
No es casual que buena parte de las víctimas de La Fronterita fueran delegados y militantes gremiales.
Fidel Jacobo Ortiz trabajó muchos años en La Fronterita, primero como temporario y luego contratado como obrero del surco, en la cosecha de la caña de azúcar, cuenta su hija Hortensia, quien es querellante en la causa. Entre 1973 y 1975 había sido secretario general del Sindicato de Fábrica y Surco del Ingenio La Fronterita (SFSIF), afiliado a FOTIA, y a partir de 1976 fue secretario de actas. Junto a su esposa y sus 8 hijos vivían en una de las colonias de la empresa, La Aguada. En 1976, el menor de los hijos tenía 3 años y la mayor 19. Hortensia, en el medio, tenía apenas 16.
Ortiz fue secuestrado dos veces en esa casa. La primera vez fue en abril de 1976, y fue torturado y mantenido cautivo durante 45 días durante los cuales fue amenazado para renunciar a su cargo en el Sindicato y a su trabajo en La Fronterita. Pocos días después, en junio de 1976, fue nuevamente secuestrado junto a compañeros y vecinos. Fueron llevados en una camioneta de la empresa al centro clandestino de detención que funcionaba en el ingenio y desde ese momento permanece desaparecido.
Tras el secuestro, su familia fue desalojada de la casa que pertenecía a la empresa. “Así también no hemos podido estudiar y enseguida hemos tenido que salir a trabajar. Porque no teníamos casa. Una vez que desaparece mi papá, nos sacaron del barrio. Tuvimos que ir a vivir de unos tíos”, recuerda con dolor.
Un trámite de ritmo lento
La causa arrancó en 2018 y estuvo varios años frenada: en 2019, el juez federal Daniel Bejas dictó falta de mérito para los cuatro empresarios y luego la Cámara Federal de Tucumán lo confirmó. La fiscalía y la querella de Andhes debieron recurrir a la Cámara de Casación para revertir la situación. Recién en diciembre de 2020 la Sala IV revocó esa decisión y en agosto de 2021 la Cámara de Tucumán los procesó finalmente por crímenes de lesa humanidad.
