Un tribunal de Salta sentenció así al ex jefe comunal de Aguaray Jorge Prado por la sustracción de caños valuados en 3,5 millones de dólares. También se condenó a empresarios.
El exintendente K de la localidad salteña Aguaray Jorge Enrique Prado fue condenado a 6 años y medio de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por la justicia de Salta, que lo consideró coautor penalmente responsable del robo millonario de caños del Gasoducto del NEA, en un juicio en el que hoy se conocieron las sentencias. Los cañones tenían un valor de 3,5 millones de dólares y el gasoducto para esa zona de Salta nunca se terminó.
Así fue decidido por el Tribunal Oral Federal 2 de Salta, que además le aplicó a los empresarios Diego Alos una pena de 6 años de prisión y a Adrián Vera, 3 años y 8 meses de cárcel; en tanto otros siete acusados fueron absueltos.
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El encargado de dar a conocer la condena fue el presidente de ese tribunal, Abel Fleming, quien manifestó que Prado deberá cumplir 6 años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta por el término de la condena por resultar «coautor penalmente responsable del delito de robo agravado cometido en despoblado y en banda».
Alos recibió la pena de seis años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo delito que Prado.
En estos dos casos, los miembros del tribunal votaron de manera unánime, pero en el caso de Vera, Fleming y la jueza Gabriela Catalano decidieron por mayoría condenar a Vera a la pena de tres años y ocho meses de prisión e inhabilitación absoluta, por robo agravado en despoblado y en banda, en concurso real con uso de documentación falsa o adulterada, en calidad de autor.
En tanto, en disidencia, el juez Domingo Batule resolvió condenar a Vera a tres años de prisión.
Luego, por unanimidad, el tribunal ordenó la prisión preventiva de Vera y dispuso que sea alojado en el Servicio Penitenciario Federal.
En el caso de Prado y Alos, se ordenó la prisión preventiva de ambos, en la modalidad domiciliaria y con monitoreo electrónico.
De esta manera y tras cinco meses de audiencias, el Tribunal dio por terminado el juicio oral y público destinado a determinar la responsabilidad penal de las 10 personas imputadas por el millonario robo de caños del Gasoducto del NEA, una obra del Gobierno Nacional inconclusa y que iba a beneficiar a miles de personas del norte del país.
