Luisa Liliana Hermosilla fue separada de la jefatura de Jurídicas de la Cámara de Diputados de la provincia tras denunciar irregularidades administrativas con altos nombramientos.
Foto: La abogada se atrincheró en la Cámara de Diputados y fue sacada a la fuerza.
Luego de permanecer varias horas «atrincherada» en su despacho, la doctora Luisa Liliana Hermosilla, quien ocupaba la jefatura del Área Jurídica de la Cámara de Diputados, fue retirada con la fuerza pública de las oficinas de calle Rivadavia al 700, cumpliendo con el arresto domiciliario ordenado por el juez Ignacio Colombo. Para hacer efectiva la orden judicial convocaron a efectivos del Gopar (Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo), Bomberos y Samec, que llegaron a las oficinas legislativas donde detuvieron a Hermosilla junto a otra colaboradora, también abogada).
El fuerte operativo provocó un duro pronunciamiento del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Salta, órgano que advirtió sobre «situaciones que colocan a los profesionales en conflicto y confrontamiento con la Justicia».
El escándalo se desató en las últimas horas, cuando luego de una notificación, Hermosilla fue informada sobre su retiro como jefa de Jurídicas y reemplazada por personal temporario. Para la abogada, quien se desempeña en la jefatura desde 2014 y que trabaja en planta permanente desde hace 35 años, esta es otra de las graves irregularidades administrativas que se vienen cometiendo en la Cámara Baja salteña.
En realidad Hermosilla viene denunciando desde hace varias semanas graves situaciones en Diputados, como por ejemplo despidos arbitrarios y autodesignaciones de planta política en los más altos niveles de planta permanente y sin cumplir con ninguna norma que ordenan los actos administrativos de tal naturaleza.
Dichos actos se habrían concretado en plena pandemia, cuando no había sesiones y con la totalidad del personal exceptuado de prestar servicios. Así y todo, los nombramientos surgieron sin respetar los procedimientos legales. La abogada asegura que su despido del área Jurídica resulta el fin persecutorio contra su persona por las denuncias que elevó con las pruebas correspondientes a distintos niveles del Poder Ejecutivo, la Legislatura y la Justicia, sin que haya obtenido respuesta alguna.
