Los empresarios estaban acusados de retener más de 8000 millones de pesos en impuestos al Estado; el extitular de la AFIP recibió una condena de cuatro años y ocho meses de prisión y la inhabilitación perpetua
El extitular de la AFIP Ricardo Echegaray fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer la función pública por ser considerado autor de la maniobra de defraudación al Estado por el otorgamiento irregular de planes de pago a la firma Oil Combustibles. Por decisión de la mayoría del Tribunal Oral Federal 3, los empresarios dueños del Grupo Indalo Cristóbal López y Fabián de Sousa, que eran acusados como partícipes necesarios, fueron absueltos.
La decisión la tomaron por mayoría los jueces federales Javier Ríos y Fernando Machado Pelloni, en un fallo que puso fin a un juicio oral y público que duró más de dos años y que se extendió a lo largo de 81 audiencias. El juez federal Andrés Basso votó en disidencia, a favor de condenar a cuatro años y cuatro meses a De Sousa y López, y con un criterio distinto para condenar a Echegaray. La justicia corroboró que gracias al delito cometido por Echegaray el Grupo Indalo expandió sus empresas, pero la mayoría no encontró motivos para condenar a los dueños del conglomerado.
Echegaray estaba acusado de haberles permitido acumular a López y De Sousa más de $8000 millones de deuda por el impuesto a la transferencia de los combustibles líquidos. Fue considerado por la acusación coautor de la maniobra, mientras que López y De Sousa estaban acusados de ser partícipes necesarios del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.
La fiscalía había acreditado que existía una simetría entre las cifras que acumulaba Oil Combustibles en concepto de deuda con los montos que transfería en concepto de préstamos intercompany a firmas del Grupo que no tenían relación con lo estipulado en el artículo 32 de la ley 11.683, que reglamenta el otorgamiento de los planes de pago particulares.
El objeto procesal del caso era el otorgamiento irregular de cuatro planes de pago generales y particulares de la AFIP a la petrolera Oil Combustibles. A partir de esa hipótesis, en la que se acusó a Echegaray por omitir controles al cumplimiento de los planes, la petrolera funcionaba como la caja del resto de las firmas del Grupo Indalo, que tenían objeto social distintos del de Oil.
