La acusación por la defraudación que permitió a los empresarios retener el impuesto a los combustibles es uno de los delitos precedentes en el caso de lavado contra la vicepresidenta
La absolución de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, que multiplicaron sus negocios de la mano del kirchnerismo, beneficia directamente a Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, en la causa en que se los investigó por lavado de dinero, los casos Hotesur y Los Sauces, por la que fueron sobreseídos la semana pasada.
Esto es así porque la defraudación por la que estaban acusados López y De Sousa fue considerada por la fiscalía como el delito precedente, que permitió acumular fondos, que se sospechaban de origen ilícito, producto de retener el impuesto a los combustibles, y retornar parte de ese dinero a la familia presidencial mediante el pago de alquileres a su empresa, Los Sauces. Ahora solo Ricardo Echegaray fue condenado por esa defraudación, como funcionario público que permitió que se otorgaran esas facilidades de pago y no los contribuyentes que las pidieron, que fueron absueltos.
Ahora, sin el delito precedente, la acusación de lavado sobre López y De Sousa podría desvanecerse. Al tiempo, se debilita la acusación sobre Cristina Kirchner y su familia. Solo quedaría en pie la acusación de recibir dádivas, entendidas por la acusación como los contratos de concesión con los que fue favorecido el grupo Indalo.
El caso Hotesur y Los Sauces se basa en acusaciones de lavado donde el dinero –sospechado de ilícito (delito precedente)– tiene dos orígenes. Por un lado está la maniobra de corrupción por la cual desde el Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de Santa Cruz se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales santacruceñas en favor de las empresas de Lázaro Báez. Esta es la causa conocida como Vialidad Nacional, donde Cristina Kirchner está siendo juzgada.
