El proyecto de presupuesto nacional para 2022 que Martín Guzmán envió al Congreso, y que el Gobierno busca que se debata en los próximos días, prevé destinar $80.086.257.619 al pago de deudas con los jubilados por sentencias judiciales. Es una cifra inferior en un 12,3%, en términos nominales, a la que se había incluido en la ley de gastos de 2021.
Pero la cifra para el período anual aún en curso, de $91.277 millones, fue reducida por decreto de necesidad y urgencia en $12.000 millones, por lo que quedó en $79.277 millones.
Un comunicado reciente de la Anses indica que este año cerrará con 44.959 sentencias liquidadas y que el promedio anual de casos si se consideran 2020 y 2021 es un 20% superior al de los cuatro años previos.
el informe recuerda que también estuvieron las adhesiones al plan de reparación histórica, por el que hubo una recomposición para 1,4 millones de prestaciones.
Ese plan incluyó casos con sentencias que estaban a la espera de liquidación, casos de demandas no resueltas, y casos en los que no se había litigado pero en los que se encontró que a los pasivos los asistía un derecho reconocido por fallos de la Corte y, entonces, se les ofreció un reajuste (en estos casos sin retroactivo), a cambio del compromiso de no litigar contra el Estado por la cuestión implicada en el acuerdo.
La reparación histórica implicó un reconocimiento de que el Estado pagó menos de lo que correspondía, en función de lo sostenido por la Corte Suprema en cuatro sentencias; por eso al plan se lo vincula con la quita de causales para demandar.
