El Decreto Supremo 27787, que fue promulgado para proteger el Cerro Rico de Potosí, fue abrogado por la Ley 535 de Minería y Metalurgia, aseguró este miércoles el presidente de la Corporación Minera de Bolivia, Eugenio Mendoza Tapia.
La máxima autoridad de la Comibol concedió una entrevista exclusiva a El Potosí en el marco de la polémica que surgió en la Villa Imperial por la actitud de un grupo de cooperativistas mineros que impidió la realización de la audiencia de Acción Popular que debía desarrollarse hoy en la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) para tratar, precisamente, el tema de la ilegalidad en los trabajos en la cúspìde del Cerro Rico de Potosí.
La audiencia fue postergada para el martes, debido a la falta de garantías. El grupo que bloqueó la puerta del TDJ estaba encabezado por el presidente de la Cooperativa Minera Unificada, Damián Condori. Cuando un periodista de El Potosí quiso ingresar, los bloqueadores se lo impidieron y acusaron a este medio de haber metido al informar que se firmó un contrato con la Comibol para la migración de 400 mineros a otro yacimiento. En la entrevista, Mendoza confirma la firma del contrato.
Al margen de la afirmación de Mendoza, no existe una versión oficial sobre la supuesta abrogación del decreto 27787. Según el presidente de la autarquía, la abrogación fue el resultado de la promulgación de la Ley 535, que establece un régimen para los contratos administrativos mineros. Como en toda norma, la disposición abrogatoria tercera dice que «se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley» y, en criterio de Mendoza, eso incluiye al decreto 27787; sin embargo, este no se encuentra entre las normas que la Ley 535 abroga y deroga expresamente, en las disposiciones primera y segunda.
