Con el indudable objetivo de establecer un sistema de democracia directa, que podría servir para presionar tanto a la oposición como al gobierno de Alberto Fernández del que forma parte, el kirchnerismo presentó en el Senado un proyecto de ley que relaja las mayorías necesarias para impulsar la realización de consultas populares.
La iniciativa lleva la firma iniciadora de Oscar Parrilli (Neuquén), presidente del Instituto Patria y uno de los brazos ejecutores en la Cámara alta de las órdenes de Cristina Kirchner
El texto modifica la ley 25.432 que reglamentó la consulta popular, sancionada en junio de 2001, y elimina la obligación de conseguir en cada cámara legislativa en el voto afirmativo de la mayoría absoluta (mitad más uno de sus miembros) para sancionar una ley convocando a consulta popular.
Según explica Parrilli en los considerandos de la iniciativa, las exigentes “mayorías adoptadas al sancionarse esta ley redundaron en la imposibilidad de convocar a Consulta Popular”.
En el caso de las consultas vinculantes, la iniciativa mantiene las restricciones constitucionales en cuanto a que no podrán ser sometidos este procedimiento proyectos de ley que requieran de mayorías especiales para su sanción o su trámite legislativo deba comenzar en una determinada Cámara.
Así, el proyecto no permitiría forzar la sanción de iniciativas sobre temas tan delicados como el arreglo de la deuda, cuestiones presupuestarias o electorales.
Sin embargo, el texto elimina esa restricción constitucional para el caso de las consultas no vinculantes, al establecer que podrán ser convocadas para tratar “todo asunto de interés general para la Nación”. Con esta nueva redacción que propone Parrilli para el artículo 6 de la ley 25.432, cualquier cuestión podría ser sometida a consulta no vinculante. Cabe recordar que, en este caso, el voto no es obligatorio.
La propuesta del kirchnerismo también elimina la prohibición de convocar a consulta popular el mismo día que se realiza otro acto eleccionario.
