Los sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) plantearon a los ministerios la solicitud de listas de funcionarios públicos, a escala nacional, para conocer su filiación política. Una comisión del Pacto de Unidad cruzará datos con el registro de votante del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y verificará si esos funcionarios están inscritos en el partido oficialista.
Los funcionarios que no estén en los libros del MAS serán considerados “pititas” y corren el riesgo de perder su fuente laboral. En el oficialismo afirman que esa decisión parte del Estatuto Orgánico masista y en la oposición señalan que de ese modo se limita el derecho al trabajo.
El encargado de la Dirección Departamental del MAS de La Paz, Omar Arce, confirmó que se elabora una “lista negra” de funcionarios públicos “pititas” para que sean sustituidos por militantes masistas, pero no maneja el dato de la cantidad de los que no están registrados en el ‘instrumento político’.
“Estamos viendo la posibilidad de elaborar una lista negra, identificando con documentos, para sugerir a nuestro hermano Lucho (Luis Arce) que esos ‘pititas’ no trabajen más y sean tomados en cuenta compañeros que en verdad están en la lucha”, resaltó Omar Arce.
El Pacto de Unidad, un conglomerado de sectores afines al MAS, anunció que la comisión encargada de detectar a “pititas” tiene la finalidad de establecer “el control de traidores e infiltrados en el aparato público”, según detalló Flora Aguilar, ejecutiva de las Bartolinas.
Los nuevos cargos públicos, de acuerdo con el artículo 67 del estatuto del MAS, serán ocupados por militantes del partido. “No existe la figura de autoridades neutrales ni independientes en los cargos de designación a nivel nacional, departamental, regional y municipal. Todos y todas deben ser militantes del MAS-IPSP”, señala un artículo de ese instrumento legal.
