El Gobierno de Bolivia ha descartado este jueves la posibilidad de conceder una «renta vitalicia» a las víctimas de la violencia política surgida tras las presidenciales de 2019, después de que la oposición y parte de las Fuerzas Armadas no quisieran reconocer la victoria electoral del expresidente Evo Morales.
El viceministro de Justicia, César Siles, ha explicado que en «ninguna parte del mundo» se contempla la posibilidad de «un salario» o «una renta vitalicia, para las víctimas», sino de «una compensación económica», tal y como marca el «Derecho Internacional, inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)».
Siles ha comentado alguno de los acuerdos a los que el Gobierno ha llegado estos días con el grupo de víctimas que la semana pasada puso rumbo a La Paz para exigir una compensación por los daños causados por el Estado en las movilizaciones de noviembre de 2019, especialmente las de Sacaba y Senkata, donde la represión del gobierno de Jeanine Áñez dejó una veintena de víctimas mortales y 200 heridos.
Las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata, por ejemplo, han demandado ayudas valoradas en 65.000 bolivianos (algo más de 8.000 euros) en concepto de reparación de daños, ya sea para hacer frente a los gastos del sepelio, pensiones de invalidez o indemnizaciones.
Si bien ya en el periodo de Áñez se aprobó un decreto para indemnizar económicamente a los heridos y a las familias de las víctimas, ha recordado Siles, el actual Gobierno se ha comprometido a «hacer todos los esfuerzos» posibles para ampliar, e incluso incluir, nuevas cláusulas para poder acceder a estas ayudas, tal y como los afectados han solicitado.
«Si te han calificado con un grado de invalidez que máximo daba para una indemnización de 20.000 bolivianos (2.400 euros), podemos hacer una recalificación y por ahí realmente merece 30.000 (3.700 euros), 40.000 (4.900 euros) o 50.000 (6.200 euros) como dice el Decreto y eso se comprometió», ha reafirmado.
Siles, quien también se ha comprometido a revisar las denuncias de las víctimas a las que no se les reembolsó los gastos médicos, ha reconocido que en 2021 «es imposible cubrir esa demanda», pero confía en que el plan de reparación que el Gobierno ha presentado ante la Asamblea cumpla con este objetivo los próximo años.
El Gobierno calcula que existen al menos 5.500 víctimas de la violencia política entre 2019 y 2020, entre fallecidos, heridos, perseguidos políticos, presos o detenidos injustamente y torturados.
La Fiscalía boliviana anunció esta semana que tiene previsto presentar el próximo mes de noviembre la primera acusación contra Áñez por la masacre de Sacaba, mientras permanece en prisión a la espera de ser juzgada por delitos de sedición y terrorismo en el caso ‘Golpe de Estado’.
