La querella y medios K pidieron la detención del ex presidente pero, hasta ahora, el juez suplente Martín Bava dictó procesamientos, embargos y prohibiciones de salir del país, pero no prisiones preventivas.
El juez Martín Bava, que sigue los lineamentos de su antecesor y miembro de “Justicia Legítima”, Alejo Ramos Padilla, podría procesar en los próximos días al ex presidente Mauricio Macri, embargar y prohibirle salir del país pero la mayoría de las fuentes creen que no dictará su prisión preventiva. Hasta ahora en las causas que armó Ramos Padilla, antes de ser enviado el año pasado con el impulso de Cristina Kirchner al juzgado electoral y federal de La Plata, Bava tomó ese tipo de medidas contra otros imputados pero no dispuso prisiones preventivas.
Sin embargo, la querella y medios K vienen promoviendo la detención de Macri ante un juez, como advirtió la cámara federal de Mar del Plata, que hace suyas –casi sin editar- opiniones de las partes. Lo que deja un margen para la duda.
El martes mismo Bava, resolvió –por ejemplo- «no hacer lugar a la solicitud de autorización de salida del país» formulada por el exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, al considerar que un permiso como ese podría generar “un riesgo de fuga”. Lo hizo pese a que Arribas se presentó en su juzgado y se sometió a todas sus decisiones y en contra del derecho humanitario de un procesado a ver a su familia que vive en Brasil.
Además, de repetir Bava los argumentos de Ramos Padilla y de la kirchnerista Comisión Provincial de la Memoria, la abogada querellante K, Valeria Carreras, pidió la detención de Macri cuando el ex presidente estaba de gira en Estados Unidos y Qatar, antes de ser llamado a indagatoria. Carreras, que representa a un sector de familiares, trabaja en tándem con la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien impulsó esta denuncia. Basta con leer el Twitter de Carreras para ver como insulta a diario al ex presidente u observar una foto de la abogada con Caamaño en la casa de los espías.
Desde el principio, Caamaño bregó para que la causa no la tuviera el juez federal de Mar del Plata, donde ocurrieron los supuestos hechos de espionaje ilegal sobre los familiares que estaban en la base de submarinos, sino en Dolores. Es decir a 200 kilómetros de la jurisdicción judicial que le correspondía.
