El presidente Sebastián Piñera decretó el martes Estado de Emergencia en 72 comunas de dos regiones del sur chileno para frenar la violencia y atentados reivindicados por grupos mapuches que exigen la propiedad de esas tierras.
El Estado de Emergencia, que limita las libertades de reunión y traslado, puede ser decretado por el Presidente en casos de grave alteración del orden público, por un máximo de 15 días, renovable por 15 más con acuerdo del Congreso. También permitirá que las fuerzas armadas apoyen labores policiales.
La medida afectará a 40 comunas de la Región del Biobío y a 32 de La Araucanía. En esta última, distante 700 kilómetros al sur de Santiago, la violencia y atentados se arrastran por décadas y se traduce principalmente en ataques contra maquinaria forestal y camiones, los que en ocasiones son reivindicados por grupos mapuches.
Piñera dijo que la medida busca «poder proteger a la población, para resguardar el orden público y el estado de derecho», ante los «los graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo, al crimen organizado, cometidos por grupos armados» en las cuatro provincias del Biobío y La Araucanía, que quedarán bajo el mando de un almirante y un general, respectivamente.
Señaló además que la medida «permite que las fuerzas armadas colaboren, pero no que reemplacen a las fuerzas de seguridad», por lo que no podrán participar en forma autónoma y directa en operaciones policiales.
Hacia el final de su anuncio, Piñera afirmó que el decreto «en ningún caso de orienta en contra de un pueblo, de un grupo de ciudadanos», en clara alusión a los mapuches.
Entre las nuevas competencias que tendrán las Fuerzas Armadas se encuentran el apoyo logístico, tecnológico, de comunicaciones, de vigilancia y patrullaje «a los procedimientos policiales que se desarrollen en las zonas declaradas en Estado de Emergencia», señaló el Presidente chileno
«Los habitantes de estos territorios viven con constante temor y con una profunda sensación de indefensión, lo que causa un enorme daño, no sólo a las víctimas directas, sino que también a los que se sienten amenazados y a todos los chilenos», añadió.
La medida, solicitada por los sectores más conservadores y decretada tras el rechazo de la Contraloría al decreto que buscaba sumar a los militares al trabajo en la zona, fue criticada por la oposición y los movimientos indígenas, que acusan al Gobierno de querer enturbiar aún más el conflicto.
