Lo que la dejó en evidencia fue una llamada telefónica que duró 71 segundos. Durante la conversación, una jueza uruguaya intentó proteger a su pareja que había robado a un hombre en el departamento de Rivera, en la frontera con Brasil. Se hizo pasar por la madre del delincuente y amenazó a una víctima de robo para que retirara la denuncia. Además, lo hizo diciendo que estaba conectada con la Policía y con el Juzgado de Rivera.
El hombre, con siete antecedentes penales y acusado de varios hurtos, le había robado las llaves de la camioneta y el celular a un paciente en la cama de al lado suyo en el Hospital de Rivera, informó El País.
La llamada telefónica, interceptada por la Policía, fue lo que motivó la investigación. Esta generó la destitución del cargo de la jueza letrada de Rivera de 6º turno, María Noelia Sánchez, tras las indagaciones de atrasos en audiencias de la sede judicial en la que ella trabajaba.
A la jueza se le incautó el celular en el apartamento donde vivía con el delincuente, un piso arriba de la sede judicial.
La decisión de la Corte fue tomada en consideración de “la gravedad de las faltas cometidas” por la jueza. En forma simultánea, la Corte remitió copia de lo actuado a la Fiscalía para que la conducta de la jueza de Rivera pueda ser examinada desde el punto de vista penal.
La Suprema Corte de Justicia uruguaya concluyó que “quedó ampliamente probado” que la jueza dictó sentencias fuera de los plazos habilitados por la ley y que falsificó constancias en más de una ocasión, dando licencias que no se habían concedido para justificar y extender los plazos vencidos, según El País.
