En medio del caos político que embargó al oficialismo tras la derrota en las PASO y con afán de buscar un impacto en el alicaído bolsillo de la clase media en las elecciones legislativas, el Gobierno se apresta a actualizar en estas horas el piso de ganancias, alza que podría llegar con anabólicos para la primera quincena de noviembre, a días de los comicios.
Según confiaron fuentes en el oficialismo a un diario porteño, tal como se preveía, el nuevo piso de la deducción especial -no es un cambio en el mínimo no imponible- se actualizaría por decreto. Algunos incluso llegaron a sugerir que podría ser hoy, pese a que no fue confirmado oficialmente. El nuevo límite pasaría de los $150.000 a $175.000 brutos, dijeron. Debajo de ese monto, el trabajador quedaría librado del pago del impuesto a las Ganancias.
Las puntadas finales, según dijeron las fuentes oficiales, se están dando en el Ministerio de Economía. El decreto llevaría las firmas de Martín Guzmán, Alberto Fernández y del jefe de gabinete de ministros.
De esta manera, el Gobierno ofrece una respuesta ante el proceso de reaperturas de paritarias luego de que la trayectoria de la inflación siguiera un rumbo distinto al previsto en el presupuesto por el ministro de Economía. Así, indicaron en el oficialismo, podría además mantenerse el universo de 1,2 millones de personas alcanzadas por el beneficio.
El cambio en el impuesto buscará además maximizar el impacto electoral en la búsqueda oficial de recuperar votos tras la debacle de las PASO. La modificación en la deducción en el decreto comenzaría a regir en septiembre. Sin embargo, muchas empresas ya están liquidando los sueldos de ese mes a pagar en octubre, por lo que no llegarían a incorporar el cambio de la legislación en sus sistemas. Esto implica que el beneficio oficial se vería recién reflejado en los recibos de sueldos de octubre a cobrar en los primeros días de noviembre. Pero ese primer impacto podría incorporar el plus de septiembre no cobrado más el de octubre: un efecto doble en los recibos de sueldo de los trabajadores.
Por otra parte, los especialistas recordaron además que el impuesto a las ganancias es anual, por lo que deberían además reajustarse las cuotas (eran cinco, según la última actualización) a devolver desde enero que ya había reglamentado la AFIP previamente. Todos esos detalles deberían estar en el decreto que se publicará en las próximas horas.
Tras las presiones del cristinismo y La Cámpora que derivó en un cambio de gabinete de emergencia, el presidente Alberto Fernández viajó a La Rioja a reunirse con gobernadores. Desde allí, el fin de semana, ya había señalado que las nuevas medidas para apuntalar la mejora de la economía serían anunciadas “en las próximas horas”. Entre ellas, se mencionaba la mejora de la deducción especial del impuesto a las ganancias hasta los $175.000.
El análisis de los expertos
“El aumento proyectado de la deducción especial para los asalariados, que establece una frontera a partir de la cual se empieza a pagar el impuesto, en $150.000, requiere para las empresas que deben actuar como agentes de retención, un tiempo de implementación mínimo de 10 días hábiles, con lo cual es una misión imposible llegar a tiempo para los sueldos de septiembre”, afirmo a un diario porteño, el tributarista César Litvin.
“Es importante destacar que aquellos que en los últimos meses superaron los $150.000 brutos, pero venían cobrando la cuota correspondiente a la devolución del impuesto retenido a lo largo del año en curso, tendrán la compensación entre el derecho al cobro y el pago del impuesto por superar el mínimo. A su vez, cuando rija el nuevo monto que según trasciende es de $175.000, operará la devolución del impuesto pagado en exceso, dado que dichos montos tienen efecto retroactivo al primero de enero de este año”, estimó el experto en impuestos.
Guzmán había previsto una meta macroeconómica de inflación de 29% en el presupuesto 2021; sin embargo, en su última hoja de ruta, que presentó la semana pasada, asumió que finalmente la suba de precios llegaría este año a 45,1%.
“Queda demostrado que la última reforma tuvo una obsolescencia prematura por la dinámica de la inflación y además porque no se realizaron las modificaciones de fondo requeridas, como la actualización semestral, y no anual, por IPC en lugar de Ripte, de todas las deducciones personales, como mínimo no imponible, cargas de familia, entre otras, con la pertinente actualización de las tablas de alícuotas y la equiparación en el tratamiento a los autónomos que son permanentemente ninguneados”, cerró el especialista.
“Como producto de los últimos cambios legislativos, los trabajadores en relación de dependencia han quedado nuevamente en una situación en la que dependen de las concesiones graciosas del poder político para no quedar alcanzados por el impuesto a las ganancias”, dijo el abogado Diego Fraga.
“Esto es así porque los aumentos de sueldos, con motivo de la inflación, llevan paradójicamente a empeorar las situaciones particulares a pesar de que el poder adquisitivo se mantenga o incluso decaiga. Esto es muy triste, porque deberían existir actualizaciones automáticas y periódicas en todas las variables impositivas que permitan a los asalariados, también a los autónomos, mantener su poder adquisitivo”, agregó.
