La Misión de las Naciones Unidas en Venezuela concluyó que la justicia de la dictadura de Nicolás Maduro facilitó la persecución y tortura a los opositores y fue un factor clave en el encubrimiento de estos crímenes. El documento presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU señala también que “el Estado no adoptó medidas concretas para remediar las violaciones de derechos humanos”. Por el contrario, el “sistema ha jugado un papel significativo en represión de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos”. El durísimo documento de 212 página es elocuente. En él la palabra “tortura” se contabiliza 214 veces, mientras que los términos “violencia sexual”, 34 oportunidades.
La investigación de la Misión dejó en evidencia el sistemático uso del aparato represivo que realizó el estado militar de Maduro sobre aquellas voces disidentes y la complicidad de la estructura judicial, pese a lo que exponía hasta hace semanas su fiscal general, Tarek William Saab en una entrevista con Infobae. “Las acciones y omisiones de los Jueces y Juezas atendieron las denuncias de tortura han tenido consecuencias devastadoras para las víctimas, incluyendo la continuación de la tortura y el deterioro de su salud”, remarca la investigación de la ONU. Entre los diez puntos más salientes del durísimo informe de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos
De las 183 detenciones de personas opositoras o percibidas como tales ocurridas entre 2014 y 2021 documentadas por la Misión, 82 personas que fueron presuntamente sometidas a tortura siguieron siendo imputadas de delitos por las autoridades fiscales y judiciales. Una revisión de sus expedientes judiciales revela que después de los interrogatorios ilegales, fiscales, jueces y juezas siguieron permitiendo que la DGCIM y el SEBIN realizaran investigaciones penales que se fundamentaron en medios de prueba obtenidos por estos organismos de inteligencia, incluyendo aquellos medios de prueba derivados de las declaraciones obtenidas de manera indebida”.
Por último, la ONU hace responsables en gran medida a fiscales y jueces por no haber impedido los tormentos y atropellos a las víctimas y haber sido parte del mismo engranaje represivo. “La Misión tiene motivos razonables para creer que el sistema de justicia ha jugado un papel significativo en represión Estatal de opositores al gobierno
