El Agente Fiscal, Dr. Fernando Enrique Alancay, basó el inicio de la IPP de oficio toda la normativa vigente en torno a la protección de tierras y derechos de las propias comunidades indígenas, entre ellas la Constitución Nacional, el Artículo 18 del Nuevo Código Civil (ley 26994), como también el protocolo gestado en el MPA para el abordaje en conflictividades de tierras y las comunidades aborígenes.
Por lo que el MPA informó sobre las medidas, actuaciones y el estado de la causa:
-El 11 de agosto, dio inicio las investigaciones de oficio, por el reclamo de la comunidad aborigen en ruta 9. El mismo día se realizó relevamiento fotográfico con drone del MPA e inmediatamente se pidieron informes a diversos organismos como la Dirección de Inmuebles, a la Secretaría de Pueblos Indígenas de la provincia, como también a la empresa REMAX.
-El 17 de Agosto se recibió el informe del Director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) sobre dichas tierras ofrecidas a la venta, señalando que existen las Comunidades Indígenas de Angosto del Perchel, Villa El Perchel, Quitacara,La Huerta,Villa Las Rosas,El Molino y Angosto de Yacoraite, las cuales han sido abordadas en el marco del Programa Nacional de Relevamiento Territorial RETECI, constatando el Estado Nacional la actual, tradicional y publica la ocupación de dichos territorios.
Se tuvo en cuenta la resolución N° 750 de la Inspección General de Justicia, que expresa que el ejercicio del corretaje inmobiliario, es una actividad personal e indelegable, también la ley Provincial 4152 que regula el ejercicio de corretaje inmobiliario, señalando que la inscripción en la matrícula para ejercer la profesión es obligatoria.
Entre los elementos probatorios se encuentra la declaración testimonial de un vocal de la Comisión Municipal de Huacalera.
El 19 de agosto de 2021, en la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria de la circunscripción Humahuaca del MPA, se recibieron denuncias de los representantes de Comunidad El Molino, que contiene Resolución INAI que reconoce la ocupación en una superficie de 791 hectáreas. También obran en el expediente denuncias de la Comunidad de Quitacara y de la Comunidad La Huerta, ocupa varias hectáreas; y denuncia de la Comunidad Villa El Perchel que sostienen que ocupan 5.357 hectáreas.
Obra en el expediente un informe del Colegio de Martilleros de Jujuy, que refiere que los protagonistas no están autorizados para ejercer como corredores inmobiliarios.
-Sabiendo que las publicaciones se realizaron por medios informáticos y siendo menester peritar los equipos para determinar fechas y responsables de la publicación, por ello se solicitó el allanamiento y secuestro de los equipos informáticos de los protagonistas.
-El 21 de agosto de 2021 se recibió declaración indagatoria al único detenido a la fecha, que se encuentra imputado como presunto autor de los delitos de “Jefe de asociación ilícita, usurpación de títulos, estafa en grado de tentativa, administración fraudulenta”.
-Se hará conocer causa de imputación a los otros imputados por “Asociación ilícita, usurpación de títulos, y estafa en grado de tentativa”, posteriormente se citará a declarar a testigos.
