El desenfreno del gasto público, básicamente con fines electorales, y la pérdida de todo freno inhibitorio en la gestión económica, provocan ya que el Ministerio de Economía solicite y obtenga del Banco Central (BCRA) asistencia financiera cada 3,6 días.
Es una frecuencia y nivel en el ritmo de transferencias solo comparable al registrado entre fines de marzo y comienzos de abril del 2020; es decir, en el inicio de la cuarentena con que se trató de aminorar el impacto de la llegada de la pandemia de Covid-19 a la Argentina.
En medio de esa emergencia, con fuentes de financiamiento cerradas, deuda externa en manos privadas en riesgo de litigios, reservas mínimas en el BCRA y la recaudación impositiva desplomándose, no había alternativas. Pero 16 meses después ya es toda una opción de política de la que deberá hacerse cargo la administración Fernández, tan afecta a buscar culpas en los otros.
El último giro para tapar agujeros fiscales (aunque la recaudación crece interanualmente 10 puntos reales) se concretó el pasado miércoles, según se conoció anoche al actualizar la base de datos monetarios el BCRA. Fue por otros $40.000 millones en concepto de remisión de utilidades por las ganancias meramente contables que obtuvo en 2019 y 2020 gracias a depreciar 50% y 40% el valor del peso en relación con el dólar estadounidense.
Fue el tercer envío en lo que va de un mes que se inició -precisamente- con una transferencia de $40.000 millones realizada el 2 de agosto, primera jornada hábil del mes. Luego, tras un fracaso en una licitación para conseguir financiamiento de mercado (en la que obtuvo apenas el 65% de lo que necesitaba para refinanciar lo que le vencía dos días después y quedó con un faltante de $78.000 millones), Guzmán le pidió al BCRA el envío de otros $120.000 millones. Fue el mismo jueves 5 de agosto, día en que se liquidaban los bonos subastados 48 horas antes.
De este modo, agosto pasó a ser el mes de mayor emisión monetaria para asistir al Tesoro en lo que va del año: fueron $200.000 millones en apenas 11 ruedas.
Los envíos se aceleraron tras el traspié en la última colocación de deuda, como era previsible y había advertido LA NACION. Y no hacen más que apuntalar el clima de intranquilidad que ya se hace notar en la plaza cambiaria local, pese al cepo cada vez más reforzado.
Lo que más preocupa es que apenas se acredita en las cuentas del Gobierno, el dinero se esfuma. “De los $40.000 millones que fueron del BCRA al Tesoro el pasado miércoles ya no queda casi nada depositado. Esto revela la dinámica que va tomando esto”, advierte el economista Gabriel Caamaño, a cargo del Estudio Ledesma.
Caamaño agrega a esto un aspecto poco observado y que vuelve más inquietante al ritmo que tomó la expansión monetaria en los últimos meses por sus futuros impactos al hacer notar el “plus” que agregó el cambio de normativa dispuesto por el BCRA para inducir a los bancos a cambiar posiciones invertidas en sus Letras de Liquidez (Leliqs) por bonos del Tesoro.
Eso hace que aunque, en lo que va del año, la emisión para asistir al Tesoro haya llegado a $710.000 millones ($190.000 millones en concepto de adelantos transitorios y $520.000 millones de utilidades), a esa montaña se hayan agregado más de $210.000 millones por pesos que estaban esterilizados en el BCRA y salieron a calle en momentos en que no hay señales de mejora en la demanda de pesos (la velocidad de circulación del dinero está en franco aumento).
“Déficit más alto, vencimientos en pesos que no alcanzan a ser renovados. Resultado: mayor emisión en el segundo semestre. Promedio julio-agosto: $190.000 millones vs. $55.000 millones promedio mensual entre enero y junio”, apunta el economista de Empiria, Juan Ignacio Paolicchi, haciendo hincapié también en la preocupante dinámica. “No hay descanso para la imprenta de billetes; en el mes los giros suman $200.000 millones y en el año $710.000 millones”, alerta el analista financiero Christian Buteler.
Desde el BCRA indican que es el Ministerio de Economía quien decide cuándo y por cuánto toman las utilidades. Y que los envíos se hacen regularmente dado que fueron “aprobados en el presupuesto”. En dicha ley se contempla un déficit primario (antes de pagos de deuda) equivalente al 4,5% del PBI, equivalente a $1,7 billón y que ese agujero será cubierto en un 40% con la colocación de deuda en pesos y en un 60% con el financiamiento monetario, pero, a hoy, la maquinita pasó a representar el 70% de las fuentes financieras del Gobierno.
Y eso a la vez obliga al BCRA a retirar cada vez más pesos del mercado, para tratar de reducir el inevitable impacto inflacionario que tiene cualquier emisión espúrea (sin contraparte de demanda), algo que se le dificultará cada vez más cuando el total de la deuda asumida (que se amplió en 3,67 veces en tiempos de Alberto Fernández) ya supera los $4 billones y es incluso 36% mayor a la Base Monetaria.
